El viaje del Sr. Rajoy a Marruecos ha abierto la puerta a un colosal desbarajuste de opiniones e iniciativas en el ámbito del Partido Popular. Mientras el Sr. Rajoy permanecía secretamente en Madrid, los personajes que forman su Gobierno permanecían tan agazapados e inactivos que ello ha llevado al Sr. Aznar a pedir al nuevo presidente del Gabinete que responda «con firmeza y convicción» a las esperanzas de sus electores. El hecho de que el Sr. Aznar haya formulado esta demanda significa a mi entender dos cosas muy graves: que califica al Sr. Rajoy de un gobierno débil hasta lo desleal -pareciéndole nada al Sr. Aznar la dureza de los recortes económicos y sociales ya practicados por Madrid- y que teme que el primer ministro sea incapaz de reponer en España, con un brutal desafío a la paz, un régimen que recupere plenamente los perfiles más antisociales de la dictadura franquista, siempre presente en esencia.

Es evidente que el Sr. Rajoy ha decidido protagonizar personalmente una política exterior muy viajera quizá para hurtarse a la situación interior de España. Una política sin más concreción que la obediencia y abastecida por una retórica evasiva y generalizadora. Su viaje a Marruecos supongo que ha sido decidido en instancias ajenas a la Moncloa -quizá de todo ello tenga noticias valiosas don Felipe González, ahora convertido en un «emprendedor» relevante en el reino alauita- y ha perseguido una especie de armisticio con el dictador de Rabat para sostener, y ampliar si cabe, el caladero empresarial español en suelo marroquí. La intangibilidad de ese complejo empresarial, que alcanza la cifra de unas quinientas importantes empresas, es vital a fin de que los grandes poderes económicos españoles no retiren su confianza al Sr. Rajoy, al que recriminan, por otra parte, su lentitud en instaurar una legislación laboral que despoje de toda fuerza a los trabajadores, dejándoles inermes en las manos del empresariado.

El rey alauita sabe perfectamente el daño que produciría al Gobierno de Madrid una legislación que exigiera un alza, siquiera mínima, de salarios para los trabajadores marroquíes en esas empresas españolas que tienen buena parte de su aparato de producción en el país norteafricano. Quizá la búsqueda de paz en ese sector económico haya llevado al Sr. Rajoy a introducir en sus inanes declaraciones durante la visita a Rabat la rotunda y servicial frase de que «el proceso de reformas emprendido por Mohamed VI supone un ejemplo a seguir por el resto del mundo árabe». La realidad palpable es que se trata de proteger de una posible mejora salarial por parte de Rabat -envenenada maniobra siempre presente- a unas empresas españolas que protagonizan una explotación laboral que debería reclamar la actuación jurisdiccional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ello, aparte de responder las masas españolas con las enérgicas acciones adecuadas ante el daño tan profundo que les causa esta deslocalización. Baste un dato, profundamente expresivo, para hacer un duro juicio acerca del comportamiento de esos empresarios que han deslocalizado muchas de sus producciones para establecerlas en tierra marroquí: el 62% de empleadas, con derechos muy lábiles, en firmas textiles como Inditex o Mango trabajan entre 55 y 65 horas semanales con salarios que no llegan a los doscientos euros mensuales. Precisamente el daño social y económico que han causado estas empresas en su país originario con su deslocalización -empresas de la energía, la Banca, agroalimentarias, telecomunicaciones, textiles, sanitarias, de la construcción o metalúrgicas- ha hecho que el presidente francés, Sr. Sarkozy, también tocado por estas manipulaciones, reclame a los empresarios de su país que recoloquen en Francia las plantas de producción que hayan de suministrar mercancías consumidas por los franceses. Se trata, en resumen, y siquiera sea por razones puramente económicas, de recuperar la organicidad lógica entre producción y consumo, restaurando así un nivel superior de empleo.

Pero eso no parece interesar al Gobierno del Sr. Rajoy, apremiado por una descomposición interna que está en pleno guirigay de iniciativas y de exigencias a la ciudadanía. Pero ¿de toda la ciudadanía? Examinemos un perfil distinto de una capa social en que no existe el paro ni la pobreza que agobia y maltrata a la mayoría.

Noticia para introducirla en el análisis de la estructura económica española: la producción y el comercio de lujo españoles crecieron un 25% en 2011. Nada tan expresivo de una sociedad normalmente pobre y ahora empobrecida hasta el extremo como este sobresaliente crecimiento del lujo. Frecuentemente la concentración de la riqueza en un sector reducido de la sociedad delata, sin necesidad de mayor análisis, los beneficios escandalosos extraídos de la sobreexplotación social. El mundo actual queda definido en esa tendencia.

Desbarajuste creciente. El Sr. Montoro, ministro de Hacienda, ha decidido establecerse por su cuenta, y anuncia personalmente una posible ley que castigará penalmente a los gestores presupuestarios que sobrepasen los límites establecidos del déficit público. Más aún, si esos límites son excedidos repetidamente por autonomías o ayuntamientos, justificarían una gestión directa de estas instituciones por parte del Gobierno de Madrid. Estamos, pues, ante una posible legislación que suprimiría el poder político de los ciudadanos para entregarlo a procónsules del poder central. La extensión de lo penal que propone el Sr. Montoro destruye más de doscientos años de doctrina jurídica encaminada a reducir el ámbito de lo penal a favor del crecimiento responsable de lo político. Uno supone, sin embargo, a dónde está dirigido ese venablo. Y sabiendo esto, parece lógico que deba reforzarse la petición de una libertad política que instaure en algunas sojuzgadas naciones peninsulares la soberanía que les permita el funcionamiento adecuado a su capacidad de sistema. Pero ¿están decididos los «populares» a que la ciudadanía pueda robustecer con su protagonismo la democracia horizontal?

Empiezan a aparecer en la prensa y otros medios de comunicación una serie de avances sobre lo que se proponen llevar los «populares» al próximo congreso de su partido. ¡Libera nos Domine! Ante todo, según afirman, pretenden recuperar en su plenitud el concepto de nación española. Ese concepto, según los ponentes Sres. Basagoiti -¡sí, Basagoiti!-, Herrera e Imbroda, presidentes de Castilla-León y Melilla, dejará de ser discutido y discutible y será blindado por una Constitución que impedirá a una serie de gestores públicos contravenir toda política que atente a la «racionalidad» y la «eficiencia», así como adoptar decisiones que puedan resultar gravosas en el futuro. España tornará a ser la nación definida en el texto constitucional como marco único de cuantos habitan en el Estado español y será dotada de la fuerza suficiente para que sea plenamente leal la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, a cuyo efecto se fijará férreamente un núcleo básico de competencias indelegables por el Estado.

Es decir, estamos ante la apertura de una nueva época de centralismo totalitario, animado por un jacobinismo aldeano. No hará falta ya apoyar esta regresión con el recurso al terrorismo, por ejemplo. Bastará con que lo decidan los propietarios del nacionalismo español en nombre de conceptos tan ambiguos como «racionalidad» y «eficiencia». Los «populares» pretenden fijar en la historia una genética inmodificable. Darwin ha perdido otra batalla. Sr. Rajoy, ¿me escucha usted? ¿Donde está usted en momento tan confuso en que se anuncian decisiones tan graves sin que usted asuma el protagonismo de ellas?