La Defensoría del Pueblo de Perú pidió ayer que se investiguen las condiciones en que operan los centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, tras la muerte el sábado de 27 personas en un incendio en uno de esos locales en un barrio pobre de Lima. «Vamos a investigar si las personas fueron internadas contra su voluntad en este centro terapéutico y qué tipo de tratamiento médico recibían, si eran sujetos de abusos debido a la informalidad de su funcionamiento», señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría.

El Gobierno deberá investigar la existencia de esos centros que operan sin licencia y sin especialistas y que no reúnen las mínimas condiciones para tener pacientes, informó. Pineda sostuvo que muchos de estos centros les impiden el ingreso o no abren la puerta. «Sus directores dicen que no son establecimientos de salud, sino cristianos que llevan la palabra del Señor», indicó. El jefe de los bomberos en el operativo, Edson Matuone Nalvarte, denunció «el terrible hacinamiento» del local, que carecería de salidas de emergencia.