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Varapalo jurídico que se suma al rechazo social y al perjuicio económico y medioambiental

La apuesta por la incineradora de Zubieta, frente al reciclaje y la política de «cero basura», ha generado un amplio rechazo social en Gipuzkoa. Sin ir más lejos, el próximo sábado, Donostia será testigo de ello con la manifestación -que se prevé masiva- contra ese tipo de macroproyectos; como lo es también la proliferación de multitud de grupos locales y su efectivo trabajo por la salud y formas de vida más responsables dinamizados por la plataforma Gipuzkoa Zero Zabor. El perjuicio económico, máxime en estos tiempos difíciles con tantas medidas impopulares, es evidente. Despilfarra dinero público cuando existe otra alternativa más barata y sostenible, que genera más puestos de trabajo. Desde el punto de vista de la salud pública, la incineración es una locura contaminante, que expulsa partículas cancerígenas y condiciona el bienestar de las próximas generaciones.

Ayer el Tribunal Supremo daba la razón al ayuntamiento de Usurbil y declaraba nulas todas las decisiones del Consorcio de Residuos en las que tomó parte -con trampas y de manera ilegal- la Mancomunidad de Txingudi. Otra razón de más para rechazar de una vez y para siempre ese despropósito: carece de base jurídica.

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