La consejera de Salud del Gobierno navarro, Marta Vera, justificó la renovación del concierto entre Osasunbidea y la Clínica del Opus (CUN) para atender a los trabajadores de la Universidad de Navarra porque, a su juicio, se produciría una saturación del sistema público.

Según Vera, que ayer compareció en el Parlamento a instancias de Bildu, Osasunbidea no puede asumir a los 6.941 trabajadores de la universidad católica «ya que se incrementarían las ya saturadas listas de espera». Además, señaló que el coste para Osasunbidea de cada trabajador de esa universidad atendido en la Clínica es de 772 euros al año, mientras en la red pública ascendería a 1.016 euros.

El coste para las arcas públicas de este concierto supone 5,3 millones de euros al año.

La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, recordó a Vera que existe un informe de la Cámara de Comptos crítico con el concierto con la CUN, del mismo modo que se cuestionó también el suscrito con la San Juan de Dios por no estar justificado. «Ahora va a resultar que esto es un chollo y que nos quieren hacer creer que es más barato atender a casi 7.000 personas en el Opus que en la red pública», añadió Ruiz, que puso en cuestión los datos facilitados por la consejera.

Asun Fernández de Garaialde (NaBai) abogó por concertar solo lo imprescindible con centros privados y reclamó datos para constatar que se produce un verdadero ahorro, mientras que Marisa de Simón (I-E) reclamó que se destine ese dinero a reforzar Osasunbidea.

«Normalidad» en Bortziriak

Por otra parte, Vera calificó de «normal» la situación en la comarca de Bortziriak, después de que se registraran denuncias de que pacientes que habitualmente eran tratados en Donostia o Irun por cercanía estaban siendo derivados a Iruñea, destacando que no se han cambiado los criterios para las derivaciones ni por parte de Osasunbidea ni de Osakidetza.

Vera estimó en diez, de un total de 1.500 pacientes atendidos los errores en las derivaciones, por lo que consideró que no existe un verdadero problema, aunque avanzó que planteará esta cuestión en el Consejo Interterritorial de Salud para lograr un acuerdo para la atención de ciudadanos de zonas limítrofes a nivel estatal.

Ruiz expresó sus dudas en torno a la planteado por Vera y recordó que son «los propios vecinos los que lo dicen y los alcaldes siguen recogiendo quejas», así que mostró su temor porque se prioricen intereses económicos mientras se siguen financiando centros privados.