NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Urkullu plantea a Rajoy su plan para un nuevo estatus en 2015
La visita del líder jeltzale estuvo precedida por las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que abogó por «un nuevo pacto» entre partidos vascos que dé lugar a «una nueva Constitución»
Alberto PRADILLA | MADRID
«Nuestro reto como país es lograr un gran acuerdo entre todas las sensibilidades políticas vascas que suponga el inicio de un nuevo tiempo». El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, transmitió al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, su propuesta para alcanzar un pacto que aglutine a diferentes sectores y que concluya con un nuevo estatus político para la CAV. Como ya señalaba la formación jelkide en su documento «Euskadi, nación europea 2015», Urkullu abogó por un convenio, en el marco del Parlamento de Gasteiz, que incluya a «todas las sensibilidades políticas», recordando que actualmente la izquierda abertzale está excluida de la Cámara por la ilegalización. Este pacto constituye uno de los tres pilares del encuentro mantenido ayer por ambos dirigentes en el palacio de La Moncloa. Además, el presidente del EBB ofreció su colaboración al Ejecutivo del PP a la hora de abordar el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA y mostró su disposición de llegar a consensos para salir de la crisis.
«He manifestado siempre que el Estatuto no es un fin en sí mismo. Hay que pensar en qué tiempo operamos», explicó Urkullu, quien defendió la necesidad de dar pasos hacia el cumplimiento íntegro del texto autonómico sin renunciar a su propuesta de cara a 2015: un pacto que permita profundizar en una relación de bilateralidad entre las instituciones vascas y el Estado español. «Euskadi es una nación», señaló, para después añadir que otra cosa son las formulaciones jurídico-políticas que se adopten.
En este sentido, consideró que las declaraciones realizadas apenas unas horas antes por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, abogando por una «Constitución vasca», «dan la razón» a los planteamientos del PNV. «Los derechos de los territorios históricos son la verdadera constitución», argumentó Urkullu, que dijo que «se amparan en un fuero y están reconocidos» por la propia Carta Magna española. Por este motivo, defendió una «transición política nueva» que permita un nuevo estatus acordado por las diferentes sensibilidades vascas. «Vivimos un nuevo tiempo en Euskadi, una nueva situación y hay oportunidades que se abren», remarcó.
A preguntas de los periodistas, Urkullu comentó que en su encuentro con Rajoy no se habían abordado los paralelismos con otros procesos registrados en Europa como el escocés o el irlandés. No obstante, apeló a una «interpretación flexible» e instó a «tener en cuenta la voluntad de la mayoría del pueblo vasco», recordando que el electorado opta mayoritariamente por formaciones abertzales.
Urkullu insistió en desligar su propuesta de pacto político al proceso de resolución del conflicto armado en Euskal Herria. En su opinión, todas las formaciones han errado en el momento de «vincular lo que puede ser el desarrollo político de las aspiraciones a una circunstancia» como la violencia política. No obstante, indicó que este nuevo ciclo abierto en Euskal Herria tras la decisión de ETA de cesar sus acciones armadas abarcó buena parte del encuentro.
El presidente jelkide ofreció su colaboración («al mismo nivel que ocurrió con el PSOE»), para gestionar este nuevo tiempo y abogó por la «discreción» como base para afrontar futuros movimientos.
En este punto, la política penitenciaria aparece como una de las principales asignaturas pendientes para el gobierno español. Urkullu instó al Gobierno del PP a obtener «el mayor respaldo logrado» para gestionar este proceso y defendió medidas como el acercamiento de los presos vascos. Por su parte, propuso una política carcelaria «más dinámica, flexible y continuada, que no castigue a los familiares» y que mire «al objetivo de reinserción desde el cumplimiento de la legalidad». En este contexto, también lanzó un mensaje hacia la izquierda abertzale, a la que instó a hacer «pedagogía» y explicar que «no cabe una amnistía» ni «medidas generales» hacia los presos políticos vascos.
«Receptividad»
Urkullu, que llegó a La Moncloa cinco días después de la visita del lehendakari, Patxi López, coincidió con este en destacar la «receptividad» de Mariano Rajoy a sus propuestas. «No diré lo que el presidente tiene que responder», puntualizó diplomáticamente. Al igual que ocurrió con López, fuentes de Moncloa salieron después del encuentro para matizar esa predisposición. Según la versión de esta parte, Rajoy trasladó a Urkullu que no piensa modificar las actuales circunstancias, le remitió al cumplimiento de la ley y reclamó la disolución de ETA.
Previamente, Urkullu ya se había mostrado comprensivo hacia «cuál es la situación de la que parte el PP», manifestando su esperanza de que, a pesar de todo, el Gobierno español «sepa gestionar sus propios tiempos».
Con su reunión de ayer, el dirigente del PNV se convierte en el primer político sin cargo institucional recibido por Rajoy. A pesar de esta deferencia, Urkullu aseguró que no es socio ni del presidente español ni de su gobierno. Tampoco en materia económica, una cuestión que, según ambas partes, centró buena parte de la reunión.
El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, volvió ayer sobre una vieja idea suya, que es la necesidad de que, una vez superada la fase de violencia, se pueda alcanzar un gran acuerdo entre vascos para definir su estatus jurídico-político y que resuelva la falta de consenso que se viene arrastrando desde 1978. Pero como a eso le llamó «Constitución vasca», ni su aclaración de que «no entre en conflicto con la española» sirvió para evitar que la idea escandalizara al unionismo. PSOE y PP saltaron, desde ambos lados del Ebro, para defender la Constitución española de 1978 y criticar a Eguiguren.
Eguiguren aseguró, en el marco del «Fórum Europa. Tribuna Euskadi», que lo que procede ahora es desarrollar una política de pacificación y alcanzar un nuevo consenso entre vascos, «y no porque lo pidan los nacionalistas». A su entender, han cambiado las circunstancias y es el momento de «lograr una Constitución vasca propia que no entre en contradicciones con la española».
Advirtió de que no hay que decidir aquí si se quiere ser vasco o español, porque «ahí perdemos todos y nos dividimos en dos, sino que lo que hay que abordar es un nuevo pacto, un nuevo consenso, una nueva Constitución propia», que comparó con la de EEUU y consideró «una gran oportunidad para los vascos». Eguiguren considera que, ahora que ETA ha cesado, «estamos en condiciones de intentar hacer lo que los españoles hicieron en 1978».
Además, declaró que «hoy en día» hay muchas otras formas de ver el «constitucionalismo que se ha impuesto», como el de que «una constitución que no sepa abordar todas las cuestiones que afectan a un país o región es una constitución que no vale para ese país».
El presidente del PSE manifestó que existe «una flexibilidad en el manejo de la Constitución y el reconocimiento de los derechos históricos para ese nuevo consenso que no nos podíamos imaginar hace treinta años». «Tenemos la paz, las condiciones para poder hacerlo», dijo, y puntualizó que «lo que no supimos hacer en el 78, al principio del constitucionalismo, ahora, a principios del siglo XXI, estamos en condiciones de hacerlo». En su opinión, «es hora de deshacerse de dogmas y principios antiguos».
El presidente del PSE contempló la posibilidad de «una unidad política que sea Euskal Herria, que no sea independiente ni de Francia ni de España» y que tenga «órganos comunes con Navarra».
Sus reflexiones no tardaron mucho en expandirse entre señales de alarma. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, fue de los primeros en saltar para recordar al profesor de Derecho Constitucional que «el único marco que regula la convivencia» entre los vascos y su «encaje» en el Estado español es la Constitución y el Estatuto de Gernika, por lo que cualquier modificación «debe hacerse en esos parámetros». Pastor explicó que están de acuerdo en la necesidad de articular un nuevo marco de convivencia, pero no en que se le llame «constitución».
A preguntas de los periodistas, la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, también señaló que el Estatuto «es nuestra constitución» y añadió que cualquier cambio de marco tendrá que tener como base ese estatuto y como objetivo «por lo menos el consenso que alcanzó».
El PSN también salió al paso de las palabras de Eguiguren y lo hizo además con inusitada acritud, rechazando «con absoluta rotundidad» sus reflexiones, que considera «en las antípodas de los postulados defendidos por el socialismo navarro desde su propia fundación, hace más de treinta años», cuando se separó del PSE del que formaba parte.
El PSN atribuye las palabras de Eguiguren «a la tendencia que su autor demuestra con cierta regularidad por la búsqueda de determinados titulares de prensa, con planteamientos que son ajenos a los principios ideológicos del PSN-PSOE y contrarios a la amplísima voluntad de la sociedad navarra».
Desde Madrid, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, le recordó que la Constitución española es la norma fundamental de convivencia y «la ley suprema» por la que se rige todo el Estado
Su homólogo del PP, Alfonso Alonso, aseguró que «la Constitución de los vascos es la misma que la del resto de los españoles, la de 1978» y recordó que «determinados temas no pueden ponerse en cuestión». GARA
El Senado francés examina estos días, por medio de un procedimiento acelerado, una propuesta de ley sobre la ejecución de penas de prisión. El grupo comunista CRC, presidido por la senadora Nicole Borvo Cohen-Seat, ha presentado, entre otras enmiendas, un anexo relativo al derecho de los presos a cumplir la condena en centros penitenciarios próximos a sus domicilios.
En concreto, el texto, que ya ha recibido el visto bueno en comisión, busca instaurar el principio de que toda persona condenada debe ser encarcelada en el establecimiento penitenciario más cercano a su domicilio familiar. Se añade que, en caso de que este principio no se desarrolle debidamente, habrá de ser el propio Estado el que asuma los gastos de desplazamiento, así como los de alojamiento, a los que deban hacer frente los familiares o las personas allegadas de los presos cuando van a realizar las visitas lejos de los domicilios de los encarcelados.
La enmienda presentada deja en manos del Consejo de Estado la tarea de regular y concretar la fórmula para la aplicación efectiva de este artículo adicional.
El debate sobre esta propuesta referida a la ejecución de las penas se prolongará hasta mañana, día en que está prevista la votación de la ley. Arantxa MANTEROLA
El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció ayer en el Congreso para comunicar las líneas maestras de su acción de gobierno. Sobre su estrategia con relación a Euskal Herria siguió sin ser excesivamente claro. En la parte de su intervención que llevaba escrita se colocó en el punto que «nos permite vislumbrar un final del terror», pero luego volvió a dudar de las intenciones de ETA asegurando que solo cuando se desarme «a lo mejor nos lo podemos empezar a creer».
Pero esa intención de sembrar dudas sobre ETA vuelve a contradecirse con el anuncio de «una importante reducción» de los servicios de escolta, para equipararse a estándares europeos, donde los escoltados «se cuentan por unidades» y no «por centenares» como en el Estado.
Fernández anunció que la receta del Gobierno del PP para poner fin a ETA es «actuar con inteligencia y prudencia». Aseguró que «ahora más que nunca debemos mantener la unidad de los demócratas», a los que pidió «discreción», para evitar que los «los que no son demócratas se aprovechen de nuestras divergencias».
Reiteró que «la política penitenciaria es una de las partes más sensibles de la política antiterrorista» y acusó a ETA de ser la culpable de la situación de los presos, a los que «impide acogerse a beneficios penitenciarios y obliga a mantener una actitud de enfrentamiento».
Aseguró que «vamos a impulsar la reinserción de los presos de ETA de forma individualizada. Desde el Ministerio de Interior se va a aplicar una política penitenciaria inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece». Abogó por buscar «el máximo consenso para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a la banda terrorista den los pasos que otros han dado y la ley se pueda aplicar con toda generosidad».
Luego, en el turno de respuesta a los grupos, se vio que el Gobierno del PP no tiene prevista ninguna novedad, sino que, como ocurre desde hace años, quien pida perdón, muestre arrepentimiento y se haga cargo de la responsabilidad civil de su condena podrá acceder a ciertos derechos.
El ministro resumió sus intenciones apuntando que gestionarán «el final del terrorismo» con «con amplitud de miras y con el sentido de estado que el momento requiere».
En una materia que afecta directamente a Euskal Herria, se pudo comprobar que son los dos grupos vascos los que más alejados están de las posiciones del Gobierno. Aitor Esteban, del PNV, le pidió cambios en política penitenciaria y la búsqueda de consensos admitiendo que «nos encontramos ante un nuevo tiempo». Iker Urbina, de Amaiur, demandó una solución integral al conflicto. Propuso el fin de las ilegalizaciones, acabar con la dispersión y poner en libertad a los presos enfermos y a los que hayan cumplido sus condenas, y abogó por el «reconocimiento y reparación» para todas las víctimas. En su respuesta, Fernández volvió al «no les debemos nada» de Rajoy. «Sólo faltaría que les debiera algo porque dejan de matar». dijo dirigiéndose a Amaiur, único grupo con el que buscó el cuerpo a cuerpo.
La izquierda abertzale, en una nota, dijo ver «un cierto cambio» en la cerrazón del Gobierno español por su anuncio de que actuará con «altura de miras y sentido de Estado». I. IRIONDO
