El Tribunal Supremo español rechazó por mayoría la petición de la defensa y de la Fiscalía de anular la causa abierta al otrora magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo, aunque admitió «excesos» en la instrucción de la causa cuyos efectos consideró que no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones. La decisión permitió que la vista siga su curso ayer con la declaración de Garzón para explicar su actuación y hoy con la comparecencia de los primeros testigos de la defensa, la mayoría representantes de asociaciones de Memoria Histórica y familiares de desaparecidos.

Defensa y Fiscalía habían argumentado que el instructor de la causa, Luciano Varela, «orientó» al sindicato ultraderechista Manos Limpias a la hora de hacer su escrito de acusación y defendieron la aplicación de la llamada «doctrina Botín», que establece que no se puede abrir juicio oral cuando la única que lo solicita es la acusación popular.

El Tribunal no aceptó la falta de legitimidad de las acusaciones planteada al entender que los bienes jurídicos que se juzgan en esta causa son de «naturaleza pública», lo que permite aplicar la «doctrina Atutxa», que autoriza acusar en solitario a la acción popular para defender «intereses colectivos». Por lo que respecta a la instrucción de Varela, estimó que lo sucedido a lo largo de la instrucción «no tiene material suficiente» para anularla. Por contra, considera que el escrito de acusación de Manos Limpias y la también ultraderechista asociación Libertad e Identidad, que piden 20 años de inhabilitación por prevaricación para Garzón, es «suficiente para entender por formulada la acusación».

Una vez leída la resolución, Baltasar Garzón se despojó de su toga, abandonó el estrado de los letrados donde se sienta y ocupó su lugar en el banquillo de los acusados.

Desde allí, afirmó que era su «obligación» investigar las denuncias sobre los crímenes del franquismo que recibió en su Juzgado y que obedecían a «un plan sistemático y preconcebido de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas y desaparición de miles y miles de personas, que encajaban dentro de crímenes contra la Humanidad». Unos crímenes que consideró parangonables con los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios de Europa, comparando la mecánica utilizada con la del nazismo y recordando que otros jueces de la Audiencia Nacional española investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.

Entre 2006 y 2008 investigó más de 114.000 desapariciones, crímenes que calificó de «imprescriptibles» al tratarse de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también permanentes mientras no aparezca la víctima.

«Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Hubo cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección», señaló.

Garzón, que se negó a responder a Manos Limpias, insistió en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esta se refiere a hechos políticos y sostuvo que en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados fueran de naturaleza política. «Son hechos delictivos» en un contexto de crímenes contra la Humanidad, subrayó.

Insistió en que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos del Estado, aplicando la ley y negó que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica al asegurar que «verdad, justicia y reparación» es lo que él desea para las víctimas que no han sido resarcidas.

Los partidarios de Garzón, que volvieron a concentrarse ante el Tribunal Supremo para reclamar que se juzguen los crímenes franquistas, consideran paradójico que se juzgue al juez que se atrevió a abrir el archivo de los desaparecidos, un tema que sigue siento tabú en el Estado español 37 años después de la muerte de Franco.

Según dijo a AFP Pío Maceda, uno de los concentrados, en el sistema judicial español «quedan vestigios del antiguo régimen».