El plazo para la resolución administrativa de la propuesta de modificación del decreto 120/2007, que regula actualmente el perímetro de protección de Praileaitz, finalizó ayer. Sin embargo, Lakua optó por aplazarlo, ante la sorpresiva, aunque largo tiempo esperada, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado en favor de Zeleta, S.L., la empresa explotadora de la cantera de Sasiola, donde se encuentra enclavada la cueva. El Gobierno quiere estudiar detenidamente el fallo.

De hecho, eso fue lo que confirmó sucintamente la portavoz Idoia Mendia en la rueda de prensa semanal de ayer: que en estos momentos están analizando la sentencia y que todavía «está todo abierto judicialmente». La sentencia, fechada el pasado 12 de enero, viene a decir, básicamente, que el demandante, Zeleta S.L., tiene derecho a ser indemnizado, en concepto de responsabilidad patrimonial por la Administración, pero no en la cuantía que pedía la empresa. Eso, por cierto, abre un nuevo interrogante.

La diputada foral de Cultura, Juventud y Euskara, Ikerne Badiola, recordaba ayer que la anterior Diputación de Gipuzkoa ya había presentado varias alegaciones. «Nos parece que el ámbito mínimo de protección debe ser de 100 metros y lucharemos en favor de ello. Es curioso que cuando el anterior Gobierno estableció los 50 metros el PSOE mantuviera una postura y ahora, cuando está en el Gobierno, defienda todo lo contrario o, al menos, no trabaje en favor de mejorar las cosas. Es preocupante». De hecho, anunció que ha solicitado a Lakua una reunión urgente para hablar sobre esta cuestión, porque considera que es muy grave lo que pueda pasar.

Mientras, en las plataformas sociales y culturales crecía el enfado y el hartazgo. En Praileaitzen Lagunak veían que lo único que podían hacer era constatar un hecho: «El Gobierno Vasco tiene la responsabilidad directa para la protección del yacimiento, pero resulta un ente absolutamente inútil. No sirve para nada», sentenció Xabi Otero. «Cuatro años con Miren Azkarate al frente del Departamento de Cultura, para dejarnos una herencia envenenada, y ahora otros dos años más, y eso que Antonio Rivera y Blanca Urgell venían ya entrenados, porque han estado en comisiones de cultura. Pero no han sido capaces durante estos dos años de poner en marcha una modificación del decreto de protección, aun dando por hecho que la modificación que tienen prevista ellos no la aceptamos».

Lamentó que esto es «reírse de la cultura de la sociedad entera, y lo más grave, de nuestra memoria, que es Praileaitz».

«No cumplen su papel»

Otra reflexión que hacía Otero era que ellos son creadores de cultura. De alguna manera, los que les proporcionan a la gente del departamento de Cultura sus puestos de trabajo, ya que deben gestionar todo cuanto producen. «Hemos hecho las pinturas de Praileaitz, sus colgantes, los caballos de Ekain, todo lo que hay en Altxerri, pintura, escultura, fotografía, cine, expresiones plásticas, literatura en todas sus facetas, la expresión oral viva... Toda la cultura material e inmaterial que generamos durante más de mil generaciones la deberían de gestionar ellos. Pero nos da la impresión de que ese no es su cometido. No desempeñan su papel», denunció.

Llevan más de seis años con esta historia y lo único que esperan es que se haga algo positivo. En ese sentido, desde Praileaitzen Lagunak llamaron también la atención a otras partes que tienen que ver con el tema, el Ayuntamiento de Deba y la Diputación de Gipuzkoa, «para que tomen parte activa».

Xabier Peñalver, arqueólogo y director de las excavaciones de la cueva de Deba, consideraba ayer que con esta sentencia se abre un nuevo frente en contra de Praileaitz y del patrimonio de este país. «Yo, como investigador, no tengo nada que hacer o nada para alegar al poder judicial o al poder político -declaró-. Lo que he hecho siempre ha sido denunciar que la cueva no estaba protegida ni con el decreto que elaboró el PNV ni con el decreto del PSOE».

Crea un precedente

Si ahora el poder judicial ha dado la razón a la empresa explotadora de la cantera, este arqueólogo cree que es un tema que tendrán que resolver los políticos, pero que crea un precedente muy peligroso: «Para defender el patrimonio de este país va a haber que pagar en dependencia del potencial de la empresa o del propietario. Eso va a ser muy malo para el patrimonio», advirtió.

Enfatizó en la idea de que en este momento la pelota está en el alero de Lakua, «que tendrá que decidir cómo defiende el patrimonio», y también en el de la Diputación.

Desde Mutriku Natur Taldea, por su parte, interpretaron que Blanca Urgell tiene «miedo de proponer su aprobación en el Consejo de Gobierno y, por lo tanto, la deja morir por inacción. El pánico de unos y los miedos de otros resultan dañinos para la cultura».

Criticaron que la Diputación sigue sin destinar un euro a las investigaciones en la cueva y que Lakua continúa «con la cabeza metida en un agujero sin darse cuenta de que cada vez que no hace algo se le crecen los enanos». Para este grupo las espadas siguen en alto y este valioso patrimonio está más amenazado que nunca