LAB denunció ayer la «intransigencia» de la Seguridad Social por no reconocer la asbestosis que padecen dos extrabajadores de Villosa, actual Guardian Llodio. Esa situación llevó a José Luis Landeta y Luis Miguel Castañiza a presentar una demanda ante los juzgados, asesorados por el sindicato, para que les sea reconocida la enfermedad profesional, después de haber estado trabajando con amianto. Este dato lo corroboraron en el juicio algunos trabajadores que acudieron de testigos y que confirmaron la existencia abundante del mineral cancerígeno en esa empresa, propiedad de la multinacional estadounidense. De hecho, varios operarios de esa compañía han fallecido por cáncer derivado de la inhalación de fibras de amianto.

La central sindical expresó ante las puertas del Palacio de Justicia de Gasteiz que «estas demandas han llegado después de transcurridos más de dos años de reclamaciones a la Seguridad Social para que aceptara la contingencia profesional, como les corresponde por derecho a los dos trabajadores». En la vista judicial de ayer el abogado de la Seguridad Social rechazó en todo momento la declaración de enfermedad profesional y añadió que «no procedía» a revaluar los casos, como en repetidas ocasiones se lleva a cabo en otros casos y ante decisiones precipitadas que adopta la Seguridad Social.

Casi tres décadas

José Luis Landeta trabajó en Villosa 28 años y Luis Miguel Castañiza, 27 años. Por su actividad laboral ambos estuvieron en los trabajos donde más amianto había en esta empresa fabricante de vidrio. El abogado de la mutua Asepeyo se desligó del tema, porque ejerció de mutua de la empresa hasta 1974 y el abogado de Mutualia, la actual, «utilizó un argumento infame -a juicio de LAB- porque atribuyó la asbestosis, que está reconocida como enfermedad profesional desde hace décadas, al hecho de fumar».

Esta mutua llevó a un médico de testigo, pero los dos afectados reconocieron al término del juicio que «ese doctor nunca nos ha atendido. Desconoce si tenemos o no asbestosis». Los compañeros de Landeta y Castañiza en la empresa, que actuaron de testigos, destacaron en todo momento la existencia de abundante amianto en las zonas donde ambos trabajaron y, a la vez, indicaron que no se les está realizando la oportuna vigilancia de la salud por haber trabajado en un ambiente con fibras del mineral cancerígeno.

El abogado de los dos afectados explicó que está demostrado que los dos extrabajadores estuvieron en contacto con el agente contaminante y añadió que «ambos han tenido importantes problemas de salud ante los que ni la mutua ni la Seguridd Social, ni Osakidetza les hicieron el adecuado seguimiento ni diagnóstico, por lo que tuvieron que acudir al amparo de la medicina privada».

LAB recordó, además, que en ambos casos Osalan encontró «sospecha de enfermedad profesional» y, por lo tanto, «en los dos casos se ha incumplido la obligación de ofrecer a los trabajadores que estuvieron expuestos al amianto una vigilancia específica de su salud».

Tres aplazamientos

En tres ocasiones se habían fijados los juicios de estos dos extrabajadores. En todas las ocasiones fue Mutualia la que solicitó los aplazamientos y, de hecho, el juicio de Castañiza fue comunicado esta misma semana al abogado de LAB.

«Denunciamos estos aplazamientos, pedidos por Mutualia y concedidos por el Juzgado, que son un ejemplo claro de intentar dilatar el proceso. Porque todo el tiempo que están retrasando una solución es tiempo, dinero y atención que los trabajadores afectados están perdiendo y que las mutuas se ahorran, mucho más si consiguen que, a fuerza de aplazamientos, sobrevenga el fallecimiento del trabajador, que les libraría del pago de las prestaciones correspondientes a la declaración de enfermedad profesional», señaló.