El juicio contra el magistrado Baltasar Garzón que tanto ha indignado a las víctimas del franquismo les ha permitido, paradójicamente, comparecer por primera vez ante un tribunal español, el Supremo, para contar su historia. Ayer lo hicieron tres representantes de asociación de memoria histórica, que dijeron que en 2006 acudieron a la Audiencia Nacional (AN) española «por justicia».

Con la voz rota y ayudada por un andador, María Martín López, de 81 años, de la asociación Sierra de Gredos, contó la búsqueda de su madre, a la que sacaron de la cárcel el 21 de setiembre de 1936, dispararon y arrojaron a una fosa común junto a 27 hombres y otras tres mujeres. Su padre, afirmó, no dejó de buscarla hasta su muerte, en 1977, pero se topó con «la ley del silencio». «Vete, a no ser que quieras que te hagamos lo que le hicimos a ella», le respondían a su padre, recordó Martín.

Una segunda testigo, Pino Sosa, de 71 años, de la asociación grancanaria de Arucas, explicó la desaparición de su padre, detenido, apaleado y encarcelado. «Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas» y relató cómo su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre, porque «se lo llevaron vivo y vivo lo reclama». Sosa, emocionado tras su declaración se indignó por este juicio. Sostuvo que «es la Justicia que juzga la justicia, porque somos seres justos que vinimos a buscar justicia», subrayó.

La acusación popular, que ejerce el sindicato ultraderechista Manos Limpias, insistió en saber por qué acudieron a la AN y si otros juzgados les informaron de que los delitos habían prescrito. Sosa aseguró que se les dijo que esos hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les llevó a la AN.

El último testigo fue Ángel Rodríguez Gallardo, historiador de la Comisión Memoria Histórica de Ponteareas, que denunció un «plan sistemático» del franquismo que podría ser considerado «genocidio».

Indicó que la decisión de las asociaciones de acudir a la AN fue fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a estar sensibilizada para que la Justicia dijera qué ocurrió. Recordó que no es la primera vez que se intenta investigar judicialmente las desapariciones del franquismo y relató que ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado del 23-F, tras el que el Gobierno del PSOE decidió «aparcar» las investigaciones.