Acá puede haber una masacre. No vamos a poder evitar un derramamiento de sangre. Vamos a pelear centímetro a centímetro por esta tierra», afirmó a AFP en lengua guaraní Rosalino Casco, uno de los líderes de la Asociación de Carperos, que reúne a miles de campesinos sin tierra instalados en carpas a la vera de un polvoriento camino de tierra que divide extensas plantaciones de soja, propiedad de colonos de origen brasileño.

Los hacendados «brasiguayos» son poderosos agricultores de origen brasileño que ocupan desde hace unos 40 años las tierras de esta región, otrora una jungla impenetrable que han destinado a la producción de soja.

Los cultivos de soja cubren gran parte de diez de los diecisiete departamentos y en 2010 fue el primer producto de exportación de Paraguay, cuarto exportador de la oleaginosa en el mundo, por detrás de Brasil, EEUU y Argentina, lo que aumentó más de 14% en su PIB el año pasado, según datos oficiales.

Este cultivo, por su alta rentabilidad, atrajo a miles de agricultores brasileños, una comunidad con 500.000 miembros en Paraguay.

La penetración masiva de esos agricultores alarmó al Gobierno del presidente Fernando Lugo, quien aprobó en el Congreso una ley que establece una franja de seguridad fronteriza (50 kilómetros desde la fronteras tierra adentro) que prohíbe la venta de tierras a extranjeros.

Desde el pasado 19 de diciembre de 2011 sobre los campesinos sin tierra acampados en Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná, pende una orden de desalojo dictada por el juez Rafael Jacobo, titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y lo Comercial en Santa Rita, que atendió así a la petición de los colonos Valmis Berle Mahlot e Ivani Rubenich Rutsatz. Desde entonces, los carperos permanecen «en resistencia» frente a las propiedades de ambos. La instalación del campamento en la franja de dominio de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), bajo los cables de alta tensión que son propiedad del Estado, les ofrece protección frente a la orden de desalojo.

Un año de conflicto

El conflicto se remonta a hace más de un año en el distrito de Ñacunday, nombre de un río que desemboca en el caudaloso Paraná, que separa Paraguay de Brasil, el norte, y de Argentina, al sur.

El pasado julio se produjo un primer desalojo que llevó a los carperos a volver a levantar un campamento y declarase «en resistencia». Los alrededor de seis mil campesinos acampados en la zona denuncian la venta que unas 162.000 hectáreas de tierras públicas que se encuentran dentro de la denominada franja de seguridad fronteriza y amenazaron con ocuparlas si no son expropiadas.

Hace unos días se produjeron enfrentamientos entre los campesinos y los productores de soja, después de que la tensión se incrementara tras el despliegue de varios centenares de militares que empezaron a realizar mediciones sobre el terreno, según los colonos, sin orden judicial. Unos doscientos policías fueron enviados a la zona para mantener el orden.

Las plantaciones objeto de conflicto pertenecen en su mayoría al «rey de la soja», como llaman al agricultor brasileño Tranquilo Favero, uno de los pioneros en la colonización de esas tierras. Favero cultiva unas 400.000 hectáreas, 100.00 de las cuales serían «tierras fiscales que consiguió por favores del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989)»,denunció Casco. Esas tierras tienen actualmente un valor de 10.000 dólares la hectárea, las más caras del país.

Las invasiones de los campesinos sin tierra sobre las propiedades de estos poderosos agricultores se ha vuelto moneda corriente en los últimos años. Los hacendados creen que las invasiones de tierras son propiciadas por el propio Gobierno para impedirles su expansión.

El productor sojero Valter Mesch, de Iruña, en la región del Ñacunday, dice que los conflictos constantes y la inseguridad los desgasta. «No se puede trabajar así», asegura.

El grupo de Casco advirtió de que su objetivo próximo es ocupar 61.000 hectáreas que cultiva Favero, alegando que en realidad son tierras fiscales. «Favero compra todo, hasta la Justicia. Ellos mandan todo lo que recaudan en Brasil, después de pelar nuestros bosques», denunció, por su parte, el dirigente campesino Vidal León.

El presidente del estatal Instituto de la Tierra (Indert), Marciano Barreto, propuso a hacendados y campesinos mensurar las tierras y revisar la legalidad de los títulos de propiedad. «No sirve que nos muestren solamente los títulos actuales, que datan de hace unos años. Estamos casi seguros de que se han vendido en forma fraudulenta tierras que pertenecen al Estado», añadió Barreto.

Concepción Rodríguez, alcaldesa de Santa Rita, epicentro de los colonos, propone «una mensura finca por finca, título por título», lo que Barreto dijo que no es posible. «Si queremos transparencia tenemos que ir al origen. Nadie les va a sacar de la tierra que ocupan. Pero hay excedentes que son del Estado», advierte Berreto, admitiendo que muchas de esas tierras fueron «usurpadas por muchos extranjeros».

Los hacendados cuestionan a Barreto y al gobernador José Ledesma, a quien señalan como «brazo ejecutor» de las invasiones.

«Favero tiene 3.000.000 de hectáreas en el país y a nadie le calienta eso. Atropella nuestra soberanía, mientras los paraguayos tienen que andar deambulando sin un título de propiedad. Yo soy apenas un intermediario», se defendió Ledesma.

Necildo Marini, yerno de Favero, dice que «lo que tenemos es legal, todo es auténtico».

«Si hay que luchar vamos a luchar. Si no vamos a servir para defender nuestra tierra, mejor que nos conviertan en una provincia de Brasil», afirma Casco con energía.

El pasado viernes, el opositor Partido Colorado defendió la legalidad de los «brasiguayos» y señaló que el conflicto debe resolverse de forma pacífica y en el ámbito judicial y negó la competencia del Gobierno para «impugnar ningún título de propiedad, mientras que el Ejecutivo desmintió, a través de su ministro de Interior, Carlos Filizzola, que se hubiera producido una invasión de tierras por parte de los carperos.