El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), dejó ayer en manos de Caja Vital -accionista de Iberdrola, que a su vez es propietaria de Nuclenor- el posible cierre de la central nuclear de Garoña. Un punto y final que, en opinión del dirigente del PP, se debe adoptar tomando como referencia los informes de seguridad elaborados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sin fijar una fecha concreta.

El diputado general respondió de este modo a las interpelaciones formuladas por los grupos junteros de Bildu, PNV y PSE durante el pleno de control celebrado ayer. En el mismo, De Andrés anunció el envío de una carta a los representantes de la Diputación en la Asamblea de Caja Vital.

En la misiva, el responsable político del herrialde sugirió a los delegados asignados por la Diputación que «si entienden que lo procedente es el cierre del recurso -en referencia a la planta de Garoña-, lleven adelante las acciones pertinentes para que los órganos de la entidad financiera en la que ustedes participan hagan todo lo preciso para proceder al cierre de la central».

Los residuos, a Cuenca

Por otro lado, durante su intervención en el pleno de control, el diputado general propuso que los residuos radiactivos que genera Garoña sean los primeros en enviarse al cementerios nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), una vez esté operativo.

Según explicó De Andrés, el traslado de los residuos de Garoña al almacén nuclear previsto por el Gobierno español en la citada localidad conquense «mejoraría de manera considerable la seguridad» de la central nuclear burgalesa.

Esta medida no responde a la pregunta formulada por el portavoz de Bildu en la Cámara alavesa, Gorka Ortiz de Guinea, que defendió el sentir mayoritario de la ciudadanía del herrialde, contraria a la presencia de la planta energética.