Maroto no da ni un solo dato que avale la retirada de las cuentas
El alcalde de Gasteiz no aportó ningún dato concreto que justifique la retirada de las cuentas municipales ante la oposición. Ayer el primer edil compareció ante la Comisión de Hacienda con la intención de explicar los motivos que le habían llevado a suspender el proceso presupuestario, sin embargo, no quiso detallar a cuanto asciende la caída del FOFEL.
Ion SALGADO | GASTEIZ
La rebaja prevista por la Diputación de Araba en el Fondo de Financiación de las Entidades Locales (FOFEL), utilizada como excusa por Maroto para justificar la retirada de las cuentas municipales, continúa siendo un misterio para los corportativos del Ayuntamiento gasteiztarra. Ayer, los concejales presentes en la Comisión de Hacienda reclamaron información al respecto tanto al alcalde como al interventor general, Alfredo Barrio. Sin embargo, sus peticiones no recibieron respuesta alguna. Solo una expresión a cargo del interventor: «No hay comunicada ninguna cuantía».
Las palabras de Barrio encendieron los ánimos de los políticos presentes en la Comisión. Antxon Belakortu (Bildu) fue el primero en mostrar su disconformidad con la retirada de los presupuestos locales. En su opinión, la «grave» situación abierta por Javier Maroto, agravada por los recortes culturas y sociales previstos desde el Departamento de Hacienda, muestra la verdadera cara del PP, «una formación de derecha reaccionaria y neoliberal».
Por su parte, el portavoz del PSE, Patxi Lázcoz, lamentó que la prórroga de las cuentas, consecuencia de la suspensión presupuestaria, cierra la puerta al debate político y social en torno a los gastos previstos por el Gobierno local. «El Consejo Social no podrá emitir un informe que probablemente levantaría ampollas», añadió.
En otro tono, el edil jeltzale Borja Belandia anunció que el grupo del PNV en las Juntas Generales de Araba pondrá en marcha diferentes iniciativas para «obligar al alcalde a presentar un presupuesto». «Vamos a hacer todo lo posible para poner orden», destacó.
En respuesta a las críticas, Maroto anunció que los futuros recortes previstos por el Gabinete unionista afectarán al funcionamiento interno del Consistorio, y no tendrán repercusión sobre «terceros», en referencia al tejido asociativo de la ciudad.
En cuanto a las inversiones, el primer edil anunció la aprobación de un plan presentado por el PNV con el objetivo de edificar nuevos equipamientos en la periferia y en los barrios antiguos de Gasteiz. En concreto, el Ayuntamiento destinará 28 millones de euros para los centros cívicos de Salburua y Zabalgana, e invertirá ocho millones en equipamientos deportivos. Además, la institución sufragará con cinco millones de euros la rehabilitación de viviendas antiguas, y financiará con la misma cantidad las obras previstas en la zona rural de la ciudad.
Pese a que el acuerdo, dotado de 50,3 millones de euros, fue citado por el alcalde en la Comisión de Hacienda, el portavoz del PNV Gorka Urtaran, remarcó que las obras previstas en el mismo tienen asegurada la financiación con la partida destinada al fallido BAI Center. «Esto no tiene nada que ver con los presupuestos ni con la prórroga decidida por el alcalde», concluyó el dirigente jeltzale.
Una decena de Asociaciones Vecinales (AAVV) de Gasteiz denunciaron ayer las nuevas medidas impuestas por el concejal de Participación Ciudadana, Alfredo Iturricha, que ha ideado una normativa en la que se unifican los gastos de oficina -2.100 euros anuales- y las partidas destinadas a sufragar las fiestas de los barrios, dotadas con 9.000 euros por zona.
En una rueda de prensa ofrecida en los locales de la Asociación Gasteiz Txiki, Guillermo Perea, que tomó la palabra en representación de las entidades firmantes, denunció la situación y explicó que la normativa diseñada por el PP tiene por objeto la desaparición de los colectivos vecinales. «El Gobierno municipal se estrena con normas nuevas para ahogar al movimiento vecinal, porque somos un movimiento que no nos dejamos doblegar, porque la cercanía de nuestras revindicaciones impide la imposición», destacó.
Perea criticó que, pese a que las AAVV son entidades sin ánimo de lucro, y por tanto exentas de pagar el IVA, la Diputación de Araba no les tramita la exención; y el Consistorio les exige que en las facturas figure en pago del citado impuesto. «Perseguir el fraude fiscal no es anular a los grupos culturales que utilizan las fiestas de los barrios para estrenarse», recordó.
Para tratar de hacer frente a esta situación, las diez asociaciones vecinales presentes en la comparecencia solicitaron a los grupos que conforman la oposición -Bildu, PNV y PSE- que paren la normativa que pretenden aplicar los dirigentes del PP.
«Es bueno para la ciudad que haya varias AAVV, es la ciudadanía quien tiene que juzgar, el papel que desempeñan, no el Ayuntamiento», dijo Perea, que concluyó su intervención recordando que otros colectivos se apoyan en las asociaciones para llegar hasta las comisiones y los plenos. I. S.
Una veintena de personas se concentraron ayer frente a las JJGG de Araba para denunciar la expulsión de un grupo de jóvenes inmigrantes de un centro de acogida de la Diputación alavesa.
Los presentes, adheridos al manifiesto «Emergencia humanitaria provocada por la Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz», se concentraron con una máscara blanca y una pancarta de la Plataforma alavesa de Apoyo a Jóvenes Extranjeros.
Tal como recordaron, durante los últimos días se han sucedido las expulsiones. En concreto, durante la última semana, la Diputación de Araba, en manos del PP, ha dejado en la calle a siete jóvenes inmigrantes que, supuestamente, han cumplido ya los 18 años.
