El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha confirmado que su departamento promueve la idea de implantar el «céntimo sanitario». Un gravamen al combustible vendido en las gasolineras y que, según sus palabras, supondría 100 millones de financiación adicional para el gasto sanitario. La puesta en marcha, sin embargo, se presenta más problemática. Bruselas lo considera ilegal -por aplicarse una vez gravado el impuesto especial sobre hidrocarburos, armonizado en toda la UE, y por no tener otra «finalidad específica» que el fortalecimiento de la tesorería de las autonomías- y ya ha emprendido el procedimiento de infracción. Además, debe ser consensuada con las diputaciones, que son las que tienen la capacidad recaudatoria.

La bajada generalizada de la recaudación de las diputaciones y los gastos ingentes en macroproyectos de dudoso o nulo beneficio social han llevado a las arcas públicas a una delicada situación. La propuesta de este nuevo impuesto -que perjudica sobre todo a transportistas y agricultores- da buen ejemplo de ello. Pero ni es serio cómo se ha hecho público -en mitad de polémicas y jugarretas entre partidos-, ni es una alternativa viable ni tapará el agujero de la tesorería.