El sindicato ultraderechista Manos Limpias acusó ayer al juez Baltasar Garzón de abrir una causa general para enjuiciar «un movimiento, una época» al declararse, en 2006, competente para investigar los crímenes del franquismo, y subrayó que actuó con distinto criterio cuando, en 1998, rechazó una querella por la matanza de Paracuellos. El juicio por prevaricación contra Garzón quedó ayer visto para sentencia en el Tribunal Supremo español.

En su alegato final, el abogado Joaquín Ruiz Infante, que también ejerce la acusación en nombre de la asociación de extrema derecha Libertad e Identidad, se preguntó si «¿se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos no son desapariciones forzosas y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?».

El letrado sostuvo que las desapariciones denunciadas son «delitos de asesinato» que habrían prescrito a los 20 años al argumentar que todas las víctimas han muerto y ninguna sigue privada de libertad y que las declaraciones de los testigos han acreditado «que se conocen las fechas de fallecimiento e incluso el lugar aproximado de enterramiento».

Además, dijo que los crímenes denunciados obedecieron «a designios políticos del bando nacional», por lo que quedaron incluidos en la Ley de Amnistía de 1977.

La acusación popular, que mantuvo su petición de 20 años de inhabilitación para Garzón, aseguró que la del juez «no fue una prevaricación imprudente», sino que «lo hizo conscientemente, porque conoce la ley».

La Fiscalía mostró sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Manos Limpias al querellarse contra Garzón y se preguntó si, de haber sido otro juez el que hubiera investigado los crímenes del franquismo, habría actuado del mismo modo.

El fiscal Luis Navajas, que solicitó la absolución, indicó también que el acusado abrió una investigación sobre «los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española» y destacó que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido «una victimización permanente» a la que aún no se ha puesto «el punto final». La víctima, añadió, «no tiene solo derecho a un reconocimiento material, sino también a que se establezca la verdad, y eso buscaban quienes acudieron a la Audiencia Nacional española.

Baltasar Garzón, por su parte, aseguró que su «conciencia «está tranquila» porque actuó para evitar el desamparo y el «olvido» de las víctimas.