En este 31 aniversario de la horrible muerte bajo torturas de Joxe Arregi, quiero traerlo a la memoria colectiva y recordar que, al ingresar en el hospital prisión de Carabanchel tras nueve espeluznantes días en comisaría, su cuerpo era un amasijo de llagas, moretones y quemaduras. Estaba tan destrozado que falleció a las pocas horas, y en Euskal Herria se realizó la mayor huelga general nunca conocida en protesta por aquel crimen.

Las autoridades trataron, como siempre, de ocultar lo realmente sucedido, pero la versión oficial se vino de inmediato abajo. Fue un caso bien excepcional, porque se contó enseguida con el testimonio de tres presos políticos que vivieron con él sus últimas horas en el hospital y, sobre todo, con varias impactantes fotos de su cuerpo torturado, que, según se pudo saber hace un par de años gracias al testimonio ofrecido por el abogado Juan Cruz Unzurrunzaga poco antes de morir, fueron sacadas clandestinamente en el cementerio de su Zizurkil natal, donde reposan sus restos.

Debido al escándalo que se originó, el Gobierno no tuvo otro remedio que ordenar abrir diligencias, y se comprobó que 73 policías participaron en las torturas, muchos de ellos antiguos integrantes de la temida brigada político-social del franquismo, pero tan solo fueron encarcelados y encausados cinco: Juan Antonio González, Ricardo Sánchez, Juan Luis Méndez, Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales.

Los comisarios y jefes de secciones y departamentos de la Policía presentaron masivamente la dimisión, en una operación concertada de protesta, y la jerarquía del Ejército también presionó contra aquella decisión judicial, con lo que consiguieron que los cinco fueran puestos de inmediato en libertad y tan solo procesaran a los dos últimos.

No por ello dejaron de presionar, y ambos fueron absueltos en los dos primeros juicios, pero tal fue el escándalo que al final el Tribunal Supremo se vio obligado a condenarlos, al ser irrebatible que las quemaduras que Arregi tenía en las plantas de los pies no pudieron ser causadas sino en comisaría. Eso sí, las penas fueron irrisorias: tres y cuatro meses de arresto.

Ha sido la única sentencia condenatoria en casos de muertes por torturas relacionadas con el conflicto político que sufre Euskal Herria, y no cabe duda de que sin aquellas quemaduras tan vistosas no habrían recibido ni siquiera esa ridícula condena. Una condena que en absoluto impidió que posteriormente ambos alcanzaran el máximo grado dentro de la escala policial: comisarios principales de la democrática España torturadora.

Uno de ellos, Gil Rubiales, fue protagonista de otro delito significativo en 1985: golpear con cadenas y bates de béisbol, junto a otros once policías de paisano, a los manifestantes que mostraban en Iruñea su indignación tras la aparición del cadáver de otro torturado hasta la muerte, Mikel Zabalza. Pero tampoco eso le impidió ascender hasta ser nombrado en 2005 comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife. Cuando falleció, fue enterrado con todos los honores.

Los otros tres policías inicialmente encarcelados por aquel crimen también han ocupado después puestos de alta responsabilidad. Como muestra, Juan Antonio González fue ascendido en 2004 por el Gobierno del PSOE a un puesto de capital importancia, la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial.

Muy significativamente, y de forma harto escandalosa, todos los encausados por torturar hasta la muerte a Joxe Arregi han llegado a ocupar, y siguen ocupando, importantes cargos, y lo que está claro es que ni ellos ni los restantes 68 policías que lo «interrogaron» han recibido ni de lejos el castigo que se merecen. Eso en lo que concierne a los torturadores. ¿Y los aún más numerosos cómplices y encubridores?

Tampoco ellos han pagado su crimen. Por ejemplo, los médicos forenses que dejaron, como los policías, evidencias irrefutables de su criminal actuación. En efecto, el parte de salida de comisaría que firmaron decía que Arregi tenía las miAsmas lesiones y marcas que a su entrada. Algo que se demostró absolutamente falso debido a su parte de entrada en Carabanchel, donde falleció.

Esa es la sangrante realidad sobre la descarada impunidad de la que gozan los torturadores y sus cómplices en el Estado español: ni en casos tan flagrantes como este han recibido en absoluto el castigo que se merecen. Lo que sí que han recibido, en cambio, han sido ascensos, condecoraciones y cargos de alta responsabilidad.

Por eso es tan importante ir desenmascarando, por una parte, a todos los torturadores, sobre todo a los que ocupan altos cargos como Juan Antonio González y, por otra, a sus cómplices y encubridores en todas las estructuras del Estado. Se lo debemos no sólo a Joxe Arregi (gogoan zaitugu!), sino a las miles de personas que han sido torturadas inpunemente estas últimas décadas.