La complejidad de la realidad económica -que, al final, no es otra cosa sino la complejidad de la realidad social- es probablemente la causa de que «siempre haya más de una opción» a la hora de enfrentarse a las crisis económicas.

Evidentemente, esto no quiere decir que las distintas opciones sean equivalentes. Incluso desde el punto de vista técnico, los resultados de las distintas políticas no tienen por qué ser iguales. De las distintas crisis económicas se puede salir más pronto o más tarde. Y en condiciones sociales o económicas mejores o peores.

A la hora de valorar las distintas opciones políticas, es fundamental tener en cuenta en primer lugar a qué estamos denominando políticas anti-crisis. Para ello es necesario clarificar también qué se entiende por superar la crisis.

Porque lo cierto es que bien puede decirse que, desde una perspectiva histórica, «siempre» o «casi siempre» se sale de las crisis económicas. Esto significa que, como primera conclusión, el hecho de «superar una crisis» -que siempre es, por supuesto, motivo de satisfacción- no tiene por qué llevar consigo necesariamente una valoración positiva del resultado final global, al menos desde una perspectiva relativa o comparativa.

Es cierto que las dimensiones de la crisis actual, su carácter sistémico, sus efectos sobre el conjunto de Occidente, su dimensión cuantitativa... suponen un alto riesgo de que, en caso de no aplicarse las políticas anti-crisis correctas, caigamos en una situación de desestabilización política, en una crisis de seguridad mundial o en una definitiva decadencia de Occidente frente a los países emergentes.

En primer lugar, es esencial clarificar en qué medida las políticas puestas en marcha aseguran o no que se adoptan las medidas necesarias para:

a) evitar que las causas del estallido de la crisis vuelvan a producirse a medio o largo plazo

b) neutralizar o corregir los problemas de fondo que han dado origen a la crisis, en lugar de atacar meramente los síntomas o las consecuencias de los mismos.

c) abordar los evidentes problemas institucionales -o de economía política- que están en la raíz de esta crisis y que se mantienen como un condicionante permanente de las medidas adoptadas -o que debieran adoptarse- para su resolución.

d) limitar los costes sociales de las medidas adoptadas, costes con frecuencia altísimos, llegando incluso a suponer el surgimiento de graves crisis de seguridad internacionales o conflictos bélicos.

Ubicar desde una perspectiva valorativa las distintas políticas anti-crisis requiere ser conscientes de las características básicas de la actual crisis económica. En primer lugar, porque el carácter financiero de la crisis exige, en particular, verificar si las políticas adoptadas son o no conscientes del problema de fondo de sobreendeudamiento que afecta al conjunto de las economías occidentales y adoptan las medidas necesarias para corregirlo.

En efecto, con excesiva y sorprendente frecuencia, algunos de nuestros responsables políticos están adoptando medidas anti-crisis de corto plazo que, olvidando el problema de fondo del sobreendeudamiento, no hacen sino agravarlo y, por lo tanto, empeorar sustancialmente las variables de fondo del sistema económico a medio plazo.

A menudo, se trata de políticas que tienen efectos positivos en un cortísimo plazo, incluso de meses, pero que, como consecuencia del nivel de apalancamiento de nuestras economías, acaban manifestando sus efectos negativos hasta en plazos de seis meses o un año.

El carácter financiero de la crisis permite diferenciar, por un lado, entre las políticas que abordan el problema estructural del sector financiero y las que abordan sus efectos sobre la economía real.

Por supuesto, ambas pueden ser necesarias y complementarias pero en qué medida el acento y la prioridad política o temporal se centra en uno u otro ámbito puede ser un elemento claramente indicativo de los objetivos últimos de las políticas públicas puestas en marcha.

En principio, aunque desde nuestro punto de vista sea un grave error económico y político, las políticas anti-crisis pueden también prescindir del carácter financiero de esta crisis y centrar sus objetivos en resolver los desajustes a través de medidas sobre la economía real.

Las medidas a adoptar en este sentido en relación con la economía real pueden basarse en políticas de ajuste, políticas de austeridad o en políticas de estímulo de la demanda a través de la emisión de moneda, inflación, etc.

El impulso del crecimiento a través de determinadas situaciones extraordinarias, como crisis estratégicas, guerras, etc. no es del todo descartable desde una perspectiva analítica, en la medida en que han sido situaciones efectivamente verificadas en la práctica.

Es importante tener en cuenta, por lo tanto, que existen opciones alternativas diferenciales. Y que estas diferentes políticas anti-crisis no sólo son planteables desde un punto de vista teórico, sino que todas ellas han sido experimentadas de una forma u otra en la práctica, con resultados diversos.

Evidentemente, el hecho de que existan opciones políticas diferentes para hacer frente a la crisis financiera, e incluso que estas opciones puedan alegar en su defensa experiencias históricas concretas, no significa en ningún caso que todas las opciones sean igualmente válidas. Ni sus posibilidades de éxito a corto y medio plazo en la propia lucha contra la crisis ni sus efectos sociales y económicos -incluso en el supuesto de haber conseguido dominar la crisis financiera- son equivalentes.

No nos engañemos. El que se opte por una u otra política anti-crisis no se basa exclusivamente en razones técnicas. Sus específicos efectos sobre unos u otros colectivos, sobre unos u otros grupos de interés provocan que, en función de las dinámicas de toma de decisiones en los sistemas democráticos occidentales -con sus profundas variantes entre Europa y USA y entre los distintos estados- las opciones políticas se decanten finalmente no sólo a favor de una u otra argumentación técnica sino, casi siempre, a favor o en contra de los intereses de unos u otros colectivos.