En 35 años, los derechos laborales han sufrido un adelgazamiento extremo. Ocho reformas, incluida esta última, ni han mejorado la calidad del empleo, ni la negociación colectiva ni la contratación, sino todo lo contrario. La última supone «el tiro de gracia» a unos derechos conquistados en décadas a fuerza de lucha, sudor y lágrimas.

¿Qué valoración realiza de esta todavía caliente reforma laboral del Gobierno del PP?

Lo primero que hay que decir es que sirve para distraer la atención de la opinión pública y de los ciudadanos hacia un asunto, que es importante, pero no es el principal para salir de la situación de crisis en la que estamos. El verdadero debate que se tendría que estar produciendo hoy no es sobre la reforma laboral, sino sobre el sistema productivo. En el preámbulo del real decreto nos encontramos con una primera cuestión incierta que es plantear que las reglas laborales son un elemento causante de la crisis. El origen de la crisis no está en las reglas laborales, por lo tanto la solución no está en las mismas, porque sirvieron para que las grandes empresas amasaran grandes fortunas, para que el crecimiento del PIB fuera continuado durante muchos años. El foco está colocado en un lugar que no corresponde.

Esta reforma laboral ¿retuerce todavía más el modelo de relaciones laborales?

Sí, son varias vueltas de tuerca más. Se ahonda y profundiza en una línea delineada por el PSOE. Anteriormente, las vueltas de tuerca más agresivas habían sido del PSOE, sin duda. La reforma de 1994, que afectaba a 65 artículos de los 96 del Estatuto de los Trabajadores, había sido, sin duda, una de las más perjudiciales para la clase trabajadora. Esta va más alla. Nos sitúa ya en un momento en el que pacto social que sostenía al estado de bienestar está demolido. Lo han derrumbado entre PSOE y PP. La clase trabajadora tendrá que pensar cómo lo recompone.

¿Se puede reactivar?

Las clases más conscientes se tienen que replantear cómo recomponen esto, pese a que en el preámbulo, con gran cinismo y demagogia, se diga que es una reforma para todos, y que todos salen beneficiados. El cinismo del preámbulo no tiene límite pese a que se diga todo eso, luego, cuando uno lee los detalles del texto de la reforma, contempla que es regresiva con los trabajadores y, al contrario, es muy favorecedora de las posiciones empresariales.

¿Cuáles son los elementos más regresivos que recoge?

Hay muchos. Por empezar, siguiendo el decreto de la reforma, destacaría el contrato de formación y aprendizaje, que en los años 80 intentó implantar el PSOE y propició una huelga general, conocido como contrato basura. Contrato de máxima precarización, que se extiende hasta los 30 años en una disposición adicional escondida, entre otras muchas, siempre que estemos en una tasa de desempleo superior al 15%. Pueden tener una duración de hasta 3 años. Las generaciones futuras podrían estar trabajando hasta los 33 años con este tipo de contrato.

¿En que condiciones salariales?

Fija un máximo del 75% y 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir unos 500 euros. Es un sueldo de pobreza. En la parte opuesta, en la parte empresarial, las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social llegan al 100%. Es un contrato prácticamente gratuito a efectos de cotización, con un salario reducido y es interesantísimo para los empresarios.

¿Qué dice del contrato sobre los emprendedores?

Se podía imaginar que estaba destinado a alguien que hasta ahora no desarrolla ninguna actividad económica, pero que pone un negocio y le favorecen con una contratación especial. Nada más alejado de la realidad. Se regula supuestamente un contrato para emprendedores destinado al 99,23% de las empresas, según el preámbulo, de cincuenta o menos trabajadores. Es un nuevo contrato, con el envoltorio de algo novedoso, cuando en realidad se trata de un nuevo modelo de contrato precario y para prácticamente cualquier empresa.

¿Qué características tiene?

Establece un periodo de prueba de un año. Sobre eso, hay que decir que desnaturaliza por completo la institución del periodo de prueba. Tenía el sentido de que se podía acreditar las habilidades y competencias del trabajador. Para eso se entiende que el periodo de prueba puede ser de dos o tres meses, seis meses en el peor y más largo de los casos, pero ahora llega a un año. No sería ninguna agresión especial si no fuera por las consecuencias que tiene el periodo de prueba, ni indemnización, como principal consecuencia: se extingue la relación laboral sin indemnización, causa, etc. Estamos ante un nuevo contrato que permite el despido libre. Además, continúa con una suerte de humillación, porque se le propone al trabajador que pague parte de su salario. Es como hay que entender la posibilidad que se da al trabajador para que complete ese salario de pobreza y lo complemente con la utilización del 25% de su prestación por desempleo.

¿Qué otras agresiones impone?

Solo se mantienen las categorías profesionales con lo que las posibilidades de movilidad y flexibilidad aumentan. En materia de modificación de condiciones de trabajo se da pie a una reducción de salarios en las empresas.

¿Los expedientes de regulación pierden el control externo de la autoridad laboral?

Ese es otro problema. El control administrativo de los expedientes de regulación se reduce al simple periodo de consultas y podemos decir que el ERE ha muerto en su sentido original, cuando una autoridad administrativa laboral tutelaba el trámite. Es cierto que esa tramitación estaba desnaturalizada, ya que las autorizaciones administrativa alcanzaban un 90% de las solicitudes. Pero esta reforma introduce su defunción.

¿Por qué introduce la ultraactividad en esta reforma?

Para beneficiar a los empresarios. La institución de la ultraactividad en materia de negociación colectiva lo que planteaba era una equilibrio de fuerzas, una vez finalizado el convenio y mientras no había acuerdo, por lo menos se mantenía el equilibrio anterior, pero en esta reforma se rompe. Ese periodo de prórroga de la vigencia del convenio se mantiene por dos años. Cuando termine el plazo de dos años, caemos en las redes de la regulación legislativa, que cada vez es más tenue. Lanzamos al vacío a los trabajadores.

¿También reduce el coste del despido?

Se reduce a 33 días por 24 mensualidades, en general, para todas las relaciones laborales. Pero un elemento que introduce es que el personal laboral (850.000 trabajadores en el Estado español) de las administraciones públicas entra en el mismo riesgo de destrucción de sus empleos que en la empresa privada cuando se alcancen tres trimestres consecutivos de insuficiencia presupuestaria. Las agresiones son numerosas. Hay otra en cuanto a la negociación colectiva, como es la remisión última y final a la comisión como órgano determinante como inaplicación o descuelgue de condiciones de trabajo. Es un arbitraje forzoso, que tengo dudas de su constitucionalidad.

¿No pone a las empresas demasiado fácil despedir ya sea en época de crisis o en época de bonanza?

La ingeniería financiera va a dar pie para que se puedan fabricar todo tipo de balances a la carta.

El Gobierno español justifica la reforma para equipararnos a Europa, ¿a qué Europa se refiere a Alemania, a Dinamarca...?

En el preámbulo hay una apelación continua a los estados de nuestro entorno, a los mercados, a las instituciones internacionales. Nos señala una pérdida continua de los estándares básicos de democracia. La soberanía está siendo objeto a una dejación absoluta en base a intereses económicos. Lo que hay desde esta reforma es menos democracia, porque hay menos soberanía. Cuando hablamos de equipararnos a Europa no lo hacemos hablando de los salarios mínimos. Se debiera dar en conjunto. Esa técnica del espigueo de sesgar en algunos elementos y otros no, no es aceptable. A mí, más que el modelo alemán, que esboza la patronal, me entusiasma el modelo islandés o el argentino. Y, también, parte de nuestro modelo vasco, que tiene valores como la economía social y el cooperativismo. Son elementos a considerar.