El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, elevó el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al «ladrillo» a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. Esta medida le permitió aprobar la norma con un amplio apoyo de la oposición, ya que recibió el voto a favor del Grupo del PSOE, CiU, Coalición Canaria, UPN y Foro Ciudadano, lo que supusieron 303 votos a favor de 337 diputados asistentes; 28 lo rechazaron y 6 se abstuvieron.

«Es un esfuerzo muy sustancial», señaló el ministro durante su intervención en el Pleno. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de «medidas profundas» para afrontar la «situación de emergencia» que sufre la economía.

De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un «empeoramiento» de la economía y del mercado laboral. En su opinión, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se reflejará en el mercado de trabajo. «Los datos son alarmantes, hablan por sí solos», enfatizó.

El titular español de Economía aconsejó por ello acometer medidas «profundas» de forma «rápida y decidida», entre las que destacó también la reforma laboral. De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que el Estado español es uno de los lugares donde más se contrae el crédito. «El sector financiero no ha logrado cumplir con su papel canalizador del crédito», explicó.

En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. «Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable», subrayó.

El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía. «El Gobierno actúa sobre la raíz del problema», aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades «solventes y viables».

Críticas desde Euskal Herria

De Guindos garantizó la competencia autonómica sobre las fundaciones que surjan de las cajas de ahorro al objeto de que CiU y PNV no votaran en contra, con lo que consiguió la abstención de los vascos y el voto a favor de los catalanes.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, a pesar de no votar en contra, criticó en su intervención que la reforma penalice a las entidades que han sido más rigurosas al clasificar su exposición inmobiliaria, porque ello les lleva a tener que atesorar más provisiones. Por ello instó a que se controle de forma más rigurosa cómo han contabilizado las entidades su riesgo al «ladrillo», y advirtió de que con los incentivos del Gobierno a las integraciones se puede incurrir en nuevos errores.

Por su parte, el diputado de Amaiur, Rafa Larreina, denunció que con la nueva ley «en la práctica, se facilita la abolición de las cajas de ahorros como figuras de entidad financiera de origen y compromiso social». Subrayó, además, que el Partido Popular pretende «poner gratis el mercado de las cajas en manos de la banca». En opinión de Amaiur «vamos hacia un oligopolio financiero de grandes entidades financieras que van a continuar haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora». Larreina reprochó al PP que «al final, lo que pretenden es hacer desaparecer las cajas de ahorro».