Los sindicatos LAB y STEE-EILAS mostraron ayer su total rechazo a los nuevos recortes anunciados por el Ejecutivo foral con el objetivo de ahorrar 25 millones de euros en gasto de los empleados públicos.

Para LAB, el «rosario» de recortes aplicados por el Gobierno de Nafarroa «está dejando sin protección a miles de personas» y «reduciendo las cuantías de las ayudas por debajo del mínimo vital para subsistir con dignidad».

La central abertzale advirtió además en un comunicado que las nuevas órdenes forales que regulan la renta de inclusión social «van a provocar un auténtico caos administrativo a la hora de distinguir situaciones coyunturales o de exclusión, agravando la tardanza en las valoraciones y resoluciones».

En opinión de LAB, se trata de decisiones que «ponen de manifiesto el profundo desprecio y ensañamiento» del gabinete de UPN-PSN «hacia el número cada vez más creciente de personas sin recursos económicos, víctimas de políticas económicas y sociales absolutamente seguidistas de los intereses de la banca y la patronal».

En su nota, añade que Nafarroa «se está convirtiendo en territorio sin derechos sociales» cuando la nueva renta de inclusión «está provocando auténticos agujeros negros en el sistema de protección que está condenando a miles de personas a la miseria total, despojándolas del derecho a contar con unos ingresos mínimos suficientes».

A su entender, el Ejecutivo deja de recaudar «más de 45 millones de euros en concepto de incentivos a los planes de pensión individuales, más de lo presupuestado para renta básica», y sigue «bientratando a las rentas más altas con todo tipo de concesiones», al tiempo que «pone a prueba la capacidad de supervivencia de los sectores más débiles», de las 50.000 personas sin trabajo y de quienes lo tienen en precario.

No cubrir nóminas

Por su parte, STEE-EILAS recordó que «la cantidad asignada en los Presupuestos en el apartado de personal no era suficiente para poder cubrir las nóminas», y subrayó que, si ahora, no se paran estos ajustes, la consecuencia será «un aumento de la precariedad laboral».

La central del sector educativo señaló que la no convocatoria de oposiciones y la no sustitución de una cuarta parte de las jubilaciones, «además de impedir una renovación de las plantillas y el poder acceder a un trabajo digno, pone en grave peligro la calidad de los servicios públicos».

En opinión de STEE-EILAS también «se castiga» a los empleados públicos al reducirles el salario por bajas laborales.