La familia Berrueta y sus más cercanos quisieron estar presentes ayer en el ayuntamiento de Iruñea. Después de haberse reunido con los grupos políticos, su petición de reconocimiento al panadero y militante de Gurasoak iba a llegar al pleno. Bildu y Nafarroa Bai habían decidido llevar una moción con las dos sencillas demandas que les habían trasladado desde el barrio de Donibane: reconocimiento a Berrueta y permiso para colocar una placa en la calle donde vivía el fallecido con el texto «Ángel Berrueta (13-03-2004). Tu barrio y tu familia te recuerdan. Para que no vuelva a suceder. Angel gogoan zaituztegu». Sin embargo, aunque UPN, PSN y PP entraron a debatir, los términos de la discusión se habían trastocado para tratar esta muerte como un caso de delincuencia común.

La petición de familiares y vecinos asumida por NaBai y Bildu empleaba el lenguaje que utilizan las organizaciones internacionales de derechos humanos para las víctimas de un conflicto: verdad, reconocimiento y reparación. Sin embargo, el PSN decidió enrarecer el debate introduciendo términos propios la contienda política estatal. Sus tres ediles presentaron una enmienda de adición en el que se incluía la «condena» de los hechos. De forma previa, los concejales del PSN habían decidido no atender a la demanda de los vecinos de Donibane y, mediante su abstención, permitieron que los votos de UPN y PP tumbaran tanto el reconocimiento a Berrueta como el permiso para la colocación de una placa en su memoria.

UPN y PP dijeron sentirse cercanos a la familia del panadero para después hacer oídos sordos a su petición. María Caballero (UPN) afirmó estar segura de que Berrueta era «un buen hombre», pero señaló que la moción «no tiene ningún sentido». En su lugar, optaron por agarrarse a la vía abierta por el PSN y se limitaron a condenarlo como un hecho delictivo realizado a título individual.

El concejal del PP, José Núñez, comentó que la demanda de reconocimiento estaba «mal planteada» y afirmó que la muerte de Berrueta no tuvo una motivación política, solo «cierta influencia». Por ello, a su juicio se trató de un acto «horroroso pero individualizado».

Por su parte, el edil del PSN Eduardo Val aseguró que su partido está en contra de las placas conmemorativas de forma «general». En cuanto a aceptar que Berrueta tiene derecho a verdad, reparación y reconocimiento, puntualizó que su partido no puede aceptar esto «en su literalidad», ya que considera que el caso quedó zanjado con la sentencia que condenó al policía Valeriano de la Peña y a su hijo.

Equidad para las víctimas

Frente a esta postura, Eva Aranguren, la portavoz de Bildu, subrayó que Berrueta es una «víctima silenciada» de un conflicto político. Además, recordó que este silencio no proviene del «azar» y que las manifestaciones de reconocimiento al vecino de Donibane han sido reprimidas de forma sistemática. Añadió que, como Berrueta, hay muchas más víctimas y que es hora de abordar «sin exclusiones el derecho a verdad, reconocimiento y reparación de todas ellas». La demanda de la familia, a juicio de Bildu, pretendía que todas las víctimas sean tratadas con «equidad» y «en iguales términos de dignidad».

Por su parte NaBai, que también condenó los hechos, presentó a Berrueta como la víctima 193 de los atentados del 11-M en Madrid. Calificó los hechos de «cruel asesinato por motivos políticos» y destacó que «el reconocimiento ha de darse a todas las víctimas por igual».

Edurne Egino, de I-E, suscribió el reconocimiento para Berrueta y se abstuvo en la votación de la placa, aludiendo a que la reconciliación social debe llegar cuanto antes.