El único partido que ha enmendado a la totalidad el texto ha sido Ezker Anitza/IU porque su parlamentario, Mikel Arana, considera que las cajas dejarán de existir para pasar a ser entidades encargadas de gestionar la obra social de Kutxabank y porque el texto busca debilitar la presencia pública en los órganos.

Además de la enmienda a la totalidad, Arana ha registrado 36 parciales, el PNV, 66; el PP, 93; el PSE, 15; Aralar, 37; EA, 33 y UPyD, 25.

El PNV reclama en sus enmiendas que el Gobierno autonómico mantenga la tutela de las actividades financieras y económicas de las cajas de ahorro y que «en ningún caso» pase a manos del Estado.

También defiende que se mantenga la representación de los ayuntamientos y diputaciones en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro ya que en el proyecto se prevé reducir hasta un 29 por ciento del total.

El PSE ha propuesto que los miembros de los órganos de gobierno de las entidades de ahorro no puedan percibir simultáneamente retribuciones de las cajas y de Kutxabank y el PP ha pedido que tras la aprobación de esta normativa ya no se renueve completamente el consejo de administración de Kutxabank, como el actual proyecto prevé.

PNV, PSE y PP aprobaron en el pleno del pasado día 2 de febrero una enmienda transaccional para aplazar la renovación de los órganos de gobierno de las cajas hasta que entre en vigor la nueva Ley.

Para el PP, el consejo de Kutxabank podría renovarse si, una vez aprobada la ley y nombradas nuevas asambleas y consejos de las cajas, estas deciden proponer el cambio de sus consejeros en el nuevo banco.

En otra enmienda, el PP pide que no se apruebe, frente a lo previsto en el proyecto de ley, la representación del Parlamento de Gasteiz en las asambleas generales de las cajas.

Aralar, por su parte, quiere que se de prioridad al carácter social de las cajas y que la labor de las entidades «vaya unida a las políticas públicas».

EA pretende con sus enmiendas incrementar la representación de los ayuntamientos con el fin de garantizar un mayor control público. Asimismo, pretende limitar la duración de los mandatos en los órganos de gobierno y acentuar el régimen de incompatibilidades.