La constatación por parte de los responsables de la Diputación de Gipuzkoa de que en anteriores ejercicios hubo importantes desfases en la ejecución de algunas obras públicas fue respondida con gran virulencia por parte de quienes entonces gobernaban en la institución foral, y desde el PNV llegaron a pedir el cese de la actual portavoz. Sin embargo, el informe del TVCP deja sin argumentos a los jeltzales y da la razón a quienes pusieron negro sobre blanco su gestión institucional. Incrementos de hasta un 53% y hechos como la liquidación de la obra principal de la AP1 cuando ya se habían celebrado los comicios llevan al órgano fiscalizador a concluir que se ha producido una «desnaturalización» del objeto contractual y del volumen económico de varias obras, y ponen al equipo que lideró Markel Olano en una situación comprometida.

Precisamente, Olano y su partido llevan desde el inicio de la legislatura acusando a Bildu de ser incapaz de gestionar las instituciones y de conducir a Gipuzkoa a una situación de retroceso, en lo que más parece un sonsonete con el que pretende erosionar al adversario que una acusación fundada. A este respecto, las conclusiones de la reunión mantenida ayer entre la Diputación y los ayuntamientos a cuenta de la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal demuestran que la coalición soberanista de izquierdas sabe conjugar responsabilidad y flexibilidad, y que en materia de gestión institucional no tiene vocación de recibir lecciones de nadie. De hecho, y a medida que se va conociendo el estado de las cuentas guipuzcoanas, más bien parece que el nuevo gobierno foral está arreglando el estropicio que dejaron PNV y Hamaikabat.

El tiempo y los hechos son los que dan y quitan razones y certifican las buenas y las malas gestiones. La gestión de Bildu, que ha entrado en las instituciones con el objetivo de hacer una política diferente, será objeto de valoración al acabar la legislatura; la del PNV la valoraron los ciudadanos y ciudadanas el 22 de mayo.