INFORME SOBRE LAS CUENTAS DE GIPUZKOA EN 2009
La auditoría oficial prueba los desfases de Bidegi que reveló Bildu
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas destaca cinco grandes desviaciones y una liquidación sin amparo contractual tras las elecciones
Ramón SOLA | DONOSTIA
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) difundió ayer el informe relativo a las cuentas de la Diputación de Gipuzkoa durante 2009, un trabajo que arroja más luz sobre la denuncia de desfases en la sociedad foral Bidegi hecha hace dos meses por la portavoz de la Diputación de Bildu, Larraitz Ugarte, y que fue respondida con amenazas de acudir a los tribunales por parte de Markel Olano, anterior diputado general.
Aquella polémica se alivió después de que Ugarte matizara que no estaba acusando de delitos a la anterior Diputación, pero sí de «una muy mala gestión». Este criterio queda plena- mente avalado ahora por el TVCP, que ha hallado desviaciones presupuestarias de entre el 32% y el 53% en cinco obras de carreteras, además de contratos y subvenciones concedidas por procedimientos excepcionales y no suficientemente justificados.
Este tribunal, máximo órgano de fiscalización para el conjunto de la CAV, considera que la institución foral, entonces gobernada por el PNV y H1!, cumplió «razonablemente con la normativa vigente» en 2009, pero introduce numerosas salvedades, entre las que destacan los citados incrementos en obras. Así, indica que un contrato de la AP-1, en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte adjudicado en 106,6 millones de euros, sufrió desviaciones «por aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias» del 52% respecto al importe original adjudicado.
Sin modificación de contrato
Pero además, y esto es lo más destacado, el informe señala que la liquidación de la obra principal incluye un incremento adicional del 22% que «no está amparado en modificación contractual alguna». Tras la denuncia pública de Ugarte, el entonces diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia, aseguró que las modificaciones pre- supuestarias estaban totalmente justificadas con sus expedientes públicos. «Tonterías en este caso, las mínimas», pidió a la portavoz.
Se da la circunstancia añadida de que esta liquidación final de la obra principal fue realizada «en junio de 2011», según refleja textualmente el informe del TVCP. Es decir, el último incremento fue materializado sin modificación contractual alguna y en un momento en que el cambio de gobierno estaba próximo.
La cantidad liquidada en este momento ascendería a 54 millones de euros, según ha podido saber GARA de fuentes de la Diputación, y se libró muy pocos días antes del relevo.
Siguiendo con el informe fiscalizador, el TVCP alude a otros tres contratos adjudicados directamente por la Diputación por un importe total de 58,1 millones de euros que sufrieron incrementos del 32% (la variante de la GI-131 entre Donostia y Hernani), el 46% (la variante de Urnieta en la misma vía), y el 53% (la mejora de la GI-2637 entre Segura y Zegama).
Además, en el proyecto de construcción de la variante de Andoain, también dentro de la Autovía del Urumea y adjudicado en 31,3 millones de euros, el Tribunal destaca que se aprobó un modificado que representa un incremento del 44% y un aumento del plazo del 49%.
Tanto en los cuatro casos señalados de adjudicaciones de la Diputación como en el de Bidegi (AP-1), el TVCP considera que «dichos modificados tan significativos en la ejecución de los contratos transgreden los principios licitatorios recogidos en la normativa de contratación administrativa, debido a que la cuantía de los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato».
En sus alegaciones, la Diputación sostuvo que los modificados y obras complementarias respondían a «necesidades de interés público», se justificaron «debidamente» en el expediente y no afectaron a las «condiciones esenciales del contrato».
En su momento, Ugarte fue acusada también por Eneko Goia, anterior diputado de Infraestructuras Viarias, de «ensuciar» la imagen de Bidegi y actuar de modo «absolutamente irresponsable». El Tribunal constata ahora que la deuda de Bidegi ascendía a 500 millones en ese 2009 (según la Diputación, ahora es ya de 900).
El PNV no dio opinión alguna sobre el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Desde su oficina en las Juntas Generales se indicó a GARA que primero deben estudiarlo. Justo a la hora en que se conoció el estudio, Markel Olano participaba en una rueda de prensa, junto a la diputada jelkide Arantza Tapia, en la que se acusaba a Bildu de perder ayudas estatales para Pasaia (la Diputación lo negó luego rotundamente).
La institución que preside Martin Garitano sí emitió una nota que anticipa que «analizará de forma concienzuda» el informe del TVCP y después «decidirá cómo actuar». Le llama la atención sobre todo el incremento aprobado en junio del pasado año, tras las elecciones, cuando «los gestores de Bidegi sabían que debían abandonar en breve sus puestos, como consecuencia del cambio de gobierno en la Diputación».
A expensas de una valoración más pormenorizada, la institución guipuzcoana anticipa que este informe fiscalizador «ratifica lo dicho desde el principio por este gobierno foral. Al llegar Bildu a la Diputación de Gipuzkoa, analizó la situación y puso sobre la mesa la mala situación económica y el alto nivel de endeudamiento. Después, al realizar un análisis más profundo, observó que en algunas obras el desfase era muy grande, y denunció que ello se debía a la mala gestión. La ciudadanía tiene derecho a conocer la situación real» A partir de ahora, añade, «serán ellos los que tengan que responder». GARA
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, mostró ayer su satisfacción después de que 72 de los 88 municipios del herrialde confirmaran que devolverán la parte que les corresponde del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM), sin recurrir al endeudamiento.
En su día, la Diputación presentó a los ayuntamientos dos fórmulas para abonar estas cantidades, partiendo de la premisa de que no habría aplazamientos porque esa opción no hacía sino «retrasar el problema». La primera era descontar ese dinero de sus ingresos corrientes. La segunda, acogerse a una línea de crédito, amortizable en un plazo máximo de dos años.
El ente foral remitió un cuestionario al respecto a los alcaldes. Según informó Franco, a primera hora de ayer ya habían respondido 83 de los 88 municipios. De ellos, 72 han asegurado que pagarán de sus propios fondos, mientras que solo 11 se acogerán al préstamo. Los 5 restantes aún no se han pronunciado. A falta del cierre definitivo, la Diputación estima que se pedirán a lo sumo «algo menos de 5 millones de préstamo, por debajo del 10% de lo que hay que devolver».
La diputada de Hacienda calificó de «muy positivos» estos datos, ya que a su juicio demuestran «una gestión generosa y responsable de los alcaldes», que quizá hayan renunciado a «dejar una señal propia de su paso, esa infraestructura, esa carretera, ese gran equipamiento moderno», en pro de tener «unas cuentas bien saneadas y una base firme para el futuro».
La comparecencia tuvo lugar después de una reunión a la que asistieron la mayoría de los alcaldes. La Diputación había propuesto fraccionar el pago en cuatro plazos, el 50% este mes y el resto en tres plazos iguales en mayo, agosto y noviembre de este año. Algunos alcaldes presentaron una contrapropuesta para abonar el dinero en los mismos periodos, pero en cuatro partes del 25%. Ayer, la Diputación ofreció a los representantes municipales que eligieran ellos la fórmula. Franco explicó que algunos preferían la primera, mientras que otros la segunda, ya que ahora les resultaba muy complicado abonar el 50%. «Al final han elegido el 4 x 25%, unos por necesidad y otros por solidaridad con los primeros», alabó.
Helena Franco recordó que desde su Departamento advirtieron desde el principio que no habría más aplazamientos en las devoluciones. Ya se hizo en 2009 y los ayuntamientos adeudan todavía 33 millones, que han de pagar en este ejercicio. Los retrasos de hace tres años y el hecho de no cobrar ahora toda la cantidad correspondiente a 2012 suponen al ente foral unos gastos financieros de unos dos millones de euros.
La diputada de Hacienda no quiso desvelar qué municipios se acogen a una u otra fórmula, ya que a su juicio corresponde a los alcaldes hacer pública esa información si así lo estiman oportuno. Sí reveló que ninguno de los municipios de mayor tamaño falta por responder a su cuestionario y que en la asamblea de ayer había representantes de todos los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno en los consistorios. Imanol INTZIARTE
