A las 11 horas de ayer Christian Wulff anunció, acompañado de su esposa, Bettina, su dimisión como décimo presidente de la República Federal de Alemania (RFA). Accedió al cargo en 2010 como el mandatario más joven de este Estado y ha salido como el que menos tiempo lo ha ejercido. Con esta decisión reaccionó el demócratacristiano a la solicitud de la Fiscalía de Hannover al Parlamento para que levante la inmunidad que le corresponde como máximo representante del Estado alemán para poder investigarle por supuestos casos de soborno y tráfico de influencias. Su renuncia, la primera en Europa occidental de un jefe de Estado sospechoso de corrupción, ha sido un hecho insólito en los 60 años de la RFA.

«Yo siempre me he comportado correctamente en el ejercicio de mis cargos», afirmó en su breve comparecencia ante la prensa y se mostró convencido de que al término de la investigación judicial quedará demostrada su inocencia. Sin embargo, Wulff justificó su dimisión aludiendo a la pérdida de confianza de la mayor parte de la población a lo largo de las últimas semanas. Por el momento, el ministro presidente de Baviera, el socialcristiano Horst Seehofer (CSU), asumirá por ley las funciones del mandatario porque es quien ejerce actualmente el cargo de presidente del Consejo Federal (Bundesrat), la Cámara en la que están representados los 16 estados federales.

La canciller Angela Merkel, presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien había propuesto a Wulff para el cargo sin consultarlo con la oposición, les agradeció a él y su esposa la labor ejercida. La jefa de Gobierno tuvo que cancelar un encuentro con los primeros ministros italiano, Mario Monti, y griego, Lukas Papademos, y sustituirlo por una conversación telefónica a tres bandas. Tras previas consultas con sus socios de coalición, la CSU y el Partido Liberaldemocrático (FDP) anunció que se reunirá también con la oposición, el Partido Socialdemócrata (SPD) y los Verdes, para llegar a un consenso porque la relación de fuerzas en el Bundesrat lo aconseja.

En 2010 Horst Köhler dejó de manera inesperada la Presidencia, un cargo más bien representativo que carece de poder ejecutivo, por razones políticas. El motivo fueron sus palabras cuando dijo que Berlín tendría que recurrir también a medios militares para proteger sus intereses económicos. Sus declaraciones levantaron ampollas porque es una cuestión que no se menciona en público aunque figure en la doctrina militar. Köhler se enfadó por la falta de respaldo y se marchó. Llegó Wulff, gracias a Merkel y en la tercera votación, porque el partido socialista Die Linke (La Izquierda) no quiso dar sus votos al candidato de SPD y los Verdes, Joachim Gauck, por sus posiciones antisocialistas, y en la tercera vuelta sólo hace falta mayoría simple. Otro hecho insólito en la historia de la RFA.

Al inicio de su carrera como presidente, el ex ministro presidente de Baja Sajonia optó por perfilarse como defensor de la integración. Su comentario de que el Islam formaba parte de Alemania no gustó al sector cristiano católico de la CDU pero han sido los supuestos delitos de soborno y tráfico de influencias los que han puesto fin a su mandato.

Desde el 13 de diciembre de 2011 se han descubierto un sinfín de casos por los que cualquier funcionario raso habría sido apartado de su puesto de trabajo. Lo que empezó con un préstamo de 500.000 euros que le dio un amigo multimillionario para la compra de su casa, terminó, por el momento, con unas vacaciones pagadas por un empresario, quien a su vez recibió un aval por valor de 4 millones de euros de parte de Baja Sajonia, aunque su empresa solo existía sobre el papel. Este y otros casos similares han sido tratados a fondo por casi todos los medios de comunicación. No obstante, un asunto espinoso ha quedado en segundo plano: la responsabilidad de Wulff como miembro en el Consejo de Control de la Volkswagen cuando en 2008 Porsche quiso hacerse con el control de la firma automovilística de Wolfsburgo. Unos 70 bancos y fondos de riesgo se querellan contra Wulff y piden una indemnización que asciende a 1,8 mil millones de euros. Aducen que el ya expresidente no les informó a ellos, los accionistas, de ciertas manipulaciones que sufrían las acciones de Volkswagen en Bolsa.

No solo por ello el futuro de Wulff es bastante incierto. Primero, a finales de febrero el Bundestag tiene que decidir si levanta o no su inmunidad. Segundo, el político necesitará mucho dinero para su defensa porque su abogado es uno de los más caros.

Y he ahí el principal problema de Wulff: el dinero. A cada expresidente le corresponde que se le siga pagando su sueldo anual de 199.000 euros más otros 78.000 euros para contratar al personal que necesita, pero solo si dimite por razones políticas o de salud. Esto no se da en su caso. Por su edad. tampoco puede acceder aún a sus pensiones como exministro presidente y ex diputado. Podría volver a ejercer la abogacía, por insólito que fuera, si alguien le diera trabajo.

Ahora le corresponde a Merkel decidir sobre el llamado «sueldo de honor» de Wulff y sobre quién podría sucederle.

A pesar de los escándalos, la CDU ha subido 38 puntos en las simpatías del electorado. Aún así, la canciller tiene que buscar el consenso con la oposición -sin el Linke-, porque el futuro presidente alemán no solo deberá reparar el daño causado por Wulff a la imagen del cargo. Además de tener que aparecer como una «autoridad moral», quien acceda a la Presidencia tiene que tener unas cuantas cualidades más porque tendrá que liderar a Alemania ante el posible agravamiento de la crisis financiera en la UE y el riesgo de que EEUU e Israel ataquen a Irán. A Merkel le quedan 30 días para encontrar su nuevo candidato.