Con las imágenes, aún vivas, del pueblo griego rebelándose contra los ajustes y recortes sociales, impuestos por Alemania, una reconoce que tienen más legitimidad que desorden, más razón popular que salvajismo inconsciente y que la violencia ejercida por la señora Merkel contra los helenos no calza botas militares como en 1941, pero persigue objetivos parecidos al apoderarse de su soberanía económica y desposeerles de su independencia política para decidir sobre sus problemas y soluciones. Algunos analistas ven en la actitud del Ejecutivo alemán una venganza en el tiempo hacia la crucial resistencia de los griegos durante la invasión de la II Guerra Mundial. Tal vez tengan razón y las heridas de la derrota persistan en la profundidad del capital alemán. O quizás sólo sean conjeturas con las que, hoy, se intenta comprender su despotismo económico. No lo sé. Lo que sí sé es que el pueblo griego tiene derecho a decidir sus respuestas. La reforma laboral, decretada por el Gobierno de Rajoy, ha puesto sobre la mesa las claves que desde hace tiempo ronroneaban en el boca a boca de la opinión pública: la necesidad de emplazar a la población a una huelga general. Para UGT y CCOO convocarla supondría un intento «fallido» y «entrar al trapo» en la provocación del Gobierno y la patronal; nunca ejercer un derecho y utilizarlo para defender a la clase que representan. Esta declaración confunde más que aclara y al escucharla se intuye una debilidad demasiado acomodada al sistema. Me despierto con la noticia de que la mayoría sindical vasca llama a una huelga general el 29 de marzo. Cambio el final de la columna y digo que «chapeau». Ese es mi pueblo.