El director de la Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, y la portavoz del Ejecutivo foral, Larraitz Ugarte, comparecieron ayer en Donostia para presentar su análisis del informe de fiscalización del año 2009 publicado el pasado viernes por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

Olano resumió que en dicho documento se registran trece incumplimientos de la normativa legal, diez correspondientes a la Diputación -dirigida entonces por Markel Olano (PNV)- y tres a la empresa pública Bidegi. La cuantía económica afectada asciende a un total de 134,7 millones de euros.

Estos incumplimientos se pueden dividir en varios bloques. Por un lado estarían aquellos contratos adjudicados sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. Estos principios garantizan que la oferta de un contrato tenga la suficiente difusión pública para que cualquier interesado pueda concurrir a la misma.

En este capítulo se enmarcaría la contratación por parte de Diputación de nueve servicios -tres del Departamento de Política Social, cuatro de Desarrollo del Medio Rural y dos de Cultura y Euskara- por un total de un millón de euros. Algo similar sucede con el fraccionamiento de otros cinco contratos, por valor de 9 millones.

Respecto a los gastos de personal, el TVCP considera erróneo que las primas de jubilación que se dieron a ocho trabajadores fuesen consideradas como exentas del IRPF.

En materia de compromisos institucionales, cita que no se motiva ni el cálculo de los importes ni la base legal de una contribución extraordinaria que se hizo a la Diputación de Bizkaia (15,8 millones de euros), aludiendo al mantenimiento en Gipuzkoa del Impuesto sobre el Patrimonio, pero para el cual no existe referente legal en la Ley de Aportaciones.

El informe asevera que tres contratos de obras, adjudicados por la Diputación por un total de 58,1 millones de euros, sufrieron incrementos, por aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias, del 32%, el 46% y el 53% del importe de adjudicación, respectivamente.

Precios y plazos

Además, en un contrato de obras adjudicado por 31,3 millones de euros, se aprobó en 2009 un modificado que representaba un incremento económico sobre la adjudicación inicial del 44% y un aumento de plazo del 49%. Para el TVCP, la cuantía de los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato.

La lista correspondiente a la Diputación se completa con el abono de una irregular compensación de 3 millones a la empresa concesionaria de un servicio de transporte por carretera y la concesión de dieciséis subvenciones, por un total de 7,5 millones de euros, a ocho entidades locales y a ocho instituciones sin ánimo de lucro, «sin que quede suficientemente justificada la imposibilidad de aplicar los principios de publicidad y concurrencia».

En cuanto a Bidegi, Xabier Olano explicó que en el informe se señala que «adjudicó cinco contratos por importe de 12,8 millones incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público, sin su difusión en el Boletín Oficial de la Unión Europea».

«Además, un contrato adjudicado por 106,6 millones ha sufrido un incremento del 52%, y para más inri la liquidación de junio de 2011 -cuando estaba a punto de producirse el cambio de Gobierno- contempla otro aumento adicional del 22%, no amparado en modificación contractual alguna».

El director de la Hacienda de Gipuzkoa tildó de «graves» estos incumplimientos por su elevado volumen económico y por las fechas en que se producen algunos de ellos.

Destacó además «la ausencia de publicidad y la alteración de la libre concurrencia, principios fundamentales que deben guiar la gestión y transparencia de las administraciones públicas».

«Ratifica lo dicho hasta ahora»

La portavoz Larraitz Ugarte, que al mismo tiempo es diputada de Infraestructuras y Movilidad, fue la encargada de hacer una lectura política de este informe. Cabe recordar que fue la primera que puso sobre la mesa los importantes desfases habidos en la construcción de carreteras, lo que le valió peticiones de cese por parte de los anteriores regidores forales.

Ugarte indicó que el documento del TVCP «ratifica lo que habíamos dicho hasta ahora», y rememoró que cuando Bildu entró a gobernar en la Diputación ya manifestó que «la situación era mala, sin remanente y con una alta tasa de endeudamiento a causa de una gestión mala e irresponsable».

«No han pensado en base a los intereses de la ciudadanía en general sino a los de unos pocos, ofreciendo una fiscalidad mucho más ventajosa a aquellos que más tenían, dando subvenciones a aquellos que no acreditaban tener necesidad y cumplir los requisitos y pagando por unas obras, unas infraestructuras y unas carreteras mucho más de lo que estaba previsto», sentenció.

«Creo que ha llegado el momento de que los anteriores gestores entren a valorar lo que dice el TVCP, que es suficientemente clarificador y está fuera de toda sospecha de intencionalidad política», indicó.