El PP está llevando la política del veto hasta límites muy peligrosos. Empezó la legislatura vetando al grupo parlamentario a Amaiur, siguió con el veto a preguntas parlamentarias y ayer vetó al diputado catalán de ERC, Alfred Bosch, en la comisión de secretos oficiales. Según su argumento, Bosch no era una persona «idónea» para una comisión «tan especial». Un argumento de «combate». El PP hizo acusaciones falsas -ni el señor Bosch ni ERC están al servicio de Amaiur- y mancilló su honorabilidad, igual que antes había faltado al respeto de las 331.000 personas que votaron a la coalición abertzale. Y demostró así el afán por hacer de su mayoría absoluta un rodillo. Un afán que no cejará en el intento -y menos si dispone para ello del cheque en blanco de PNV y CIU- de vetar toda expresión de ideas independentistas en el hemiciclo.

Hasta ayer, el único miembro procesado de ERC era Lluís Companys, presidente de Catalunya torturado, sometido a un Consejo de Guerra y fusilado por los fascistas. Ayer, 23F, tras convertirlo en sospechoso, el PP juzgó a Bosch y lo castigó con el veto. Y puso nuevamente de manifiesto lo actuales que son las prácticas fascistas.