La octava reforma laboral del Gobierno español activa el negocio de las empresas de trabajo temporal (ETT) para convertirlas en agencias privadas de colocación, con lo cual no solo seguirán ocupando niveles altos de temporalidad, sino de bajos salarios. Esta es una pretensión que mantenían desde el comienzo de su andadura en 1994 y, de esa manera, salvan algunas restricciones que les impedían ceder trabajadores en empleos con cierto peligro.

Con la nueva reforma laboral podrán impartir cursos de formación y, según justifica el decreto del PP, se pretende lograr una oferta «más variada, descentralizada y eficiente». Por esta tarea exclusiva, las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme y los sindicatos, sobre todo CCOO y UGT, percibían 700 millones, repartidos entre más de 3.000 organizaciones de todos los ámbitos. De esta cantidad, 300 millones de euros se empleaban en la formación de trabajadores ya empleados y el resto de parados.

Aumenta en 2011

Las empresas de trabajo temporal (ETT) iniciaron su actividad a mediados de 1994 y han aumentado su posición en el mercado de la intermediación laboral hasta niveles muy altos. El máximo en Hego Euskal Herria se produjo en 2007 con 248.640 contratos de puesta a disposición, lo que acercó a casi el 25% del total de la contratación. En 2010 cerraron con una intermediación de 177.761 contratos. De tal forma que casi uno de cada cuatro trabajos temporales de Hego Euskal Herria tuvieron su origen en una ETT. En 2011, los últimos datos muestran la actividad de diez meses, donde se ha producido un incremento del 2,067% de la contratación temporal respecto al año anterior hasta llegar a los 149.819 contratos en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Aunque la crisis ha afectado a su negocio económico y a su nivel de subcontratación, siguen obteniendo ingresos importantes de la precariedad laboral y, en este momento, para mejorar su posición se benefician del escaso impulso a través de los servicios públicos de empleo, entre los que se encuentra el servicio vasco de empleo Lanbide. Aunque todavía se desconocen los datos económicos del cierre de 2011, las ETT controlaron en 2010, según la consultora DBK, un negocio de 1.950 millones, un 2,5% inferior al que han cerrado en 2009, en torno a los 2.000 millones.

En el máximo año de contratación, en 2007, generaron un negocio de casi 3.500 millones, aunque un año después bajó a los 2.950 millones con el inicio de la crisis y las primeras medidas de los empresarios de desprenderse de los contratos temporales más baratos.

Cambios relevantes

Aunque se ha hablado ya de algunas de las principales modificaciones en el sistema de contratación que ha introducido la reforma más regresiva de los últimos 30 años, el Gobierno español del PP ha abierto más el sistema para precarizar los contratos y, aunque junto a las patronales, se indica que van a contratar de manera estable, la ley les permite usar la temporalidad hasta puntos extremos.

Así, la duración máxima del contrato para la formación pasa de dos a tres años y, a la vez, mientras se mantenga la tasa de paro por encima del 15%, el contrato se podrá elevar hasta los 30 años. Hasta la fecha el límite legal de edad se situaba en los 25 años. En este caso, el salario no rebasará los 500 euros, muy por debajo del salario mínimo interprofesional que en el Estado español es un 40% inferior a la media de los países europeos.

El Gobierno del PP abre, por otro lado, la posibilidad de que se realice un segundo contrato para la formación a la misma persona, si se trata de una actividad laboral u ocupación distinta. La octava reforma laboral también establece modificaciones importantes en el contrato a tiempo parcial, porque pueden realizar horas extraordinarias y, a la vez, se crea el contrato para emprendedores, que durante el primer año pueden ser expulsados del trabajo sin indemnización ni derecho alguno.

A cambio, los empresarios logran importantes reducciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional correspondientes a los contratos de formación y aprendizaje. El texto aprobado en Madrid determina que esa reducción de cuotas será del 100% si el contrato se realiza por empresas con plantillas inferiores a 250 personas y del 75% en el que la empresa contratante tenga una plantilla superior a 250 trabajadores.

Si se convierten en indefinidos, las ayudas serán, además, de 1.500 o 1.800 euros, si se trata de mujeres, por cada uno que suscriban.