El Banco Central Europeo (BCE) ha prestado más de medio billón de euros a 800 entidades financieras de la eurozona, en condiciones de interés muy favorables y con un plazo de devolución de tres años. No es la primera vez que la entidad emisora lleva a cabo una operación de estas características, pero la cantidad ofrecida en esta ocasión es especialmente alta, incluso algo superior a lo que se preveía. Tampoco se esperaba que tantas entidades llamaran a la ventanilla del BCE en busca de fondos.

Sobre el papel, el objetivo de esta inyección económica es lograr que los bancos y cajas puedan ahora dar crédito a las familias y empresas que se hallan necesitadas de dinero, es decir, que esa aportación de liquidez revierta en la economía real. Sin embargo, hay motivos para desconfiar de que eso realmente vaya a suceder, y lo ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando los fondos no llegaron a su destino, es uno de ellos. Así, los analistas dan por hecho que la mayor parte de esos 529.531 millones de euros servirán para «sanear los balances» de las entidades perceptoras y, sobre todo, para que estas puedan comprar deuda soberana de algunos países a un interés mucho más alto del que ellas van a tener que abonar al BCE. Se trata de un negocio redondo y una paradoja desde el punto de vista de las instituciones europeas, ya que mientras están destinando ingentes cantidades de dinero para «rescatar» a países afectados por la crisis de la deuda, financian a un bajo coste a los bancos para que puedan comprar esa misma deuda con un interés mucho más alto del que les hacen pagar. Es, en definitiva, una transferencia de dinero público a bolsillos privados.

En un escenario de contracción económica y de recortes sociales y de derechos, destinar esa cantidad de dinero a favorecer los negocios de los bancos no es aceptable. En tres meses el BCE ha prestado un billón de euros y al menos debería tener la garantía de que acabarán en manos de quienes realmente lo necesitan.