El Gobierno colombiano autorizó a Colombianas y Colombianos por la Paz a entrevistarse con presos acusados de pertenencia a las FARC. Esa era una de las demandas del colectivo capitaneado por Piedad Córdoba que, en la entrevista concedida en noviembre a GARA, adelantó la intención del grupo de promover una comisión internacional para valorar la situación jurídica de los 7.500 presos políticos. La petición de esta visita se enmarca en ese objetivo.

En un intento por anticiparse a cualquier crítica, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que «los presos de esa guerrilla están en las mismas condiciones de las demás personas que están privadas de libertad. Los guerrilleros detenidos no viven una situación distinta a la de los demás presos».

Asimismo, afirmó que en Colombia no hay ni presos políticos ni prisioneros de guerra.

Por otra parte, el Consejo de Estado anuló la elección de la fiscal general de Colombia, Viviane Morales. Entre los casos que llevaba destacan la trama de espionaje a organismos de derechos humanos, periodistas y a jueces por parte de la central de inteligencia bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, y los nexos entre congresistas y paramilitares.

La Corte Suprema de Justicia dijo ayer haber cometido un error administrativo en su elección, muy cuestionada porque su esposo su asesor de los paramilitares en los diálogos entre las AUC y el Gobierno de Uribe.