Eliminación de la renta básica en Nafarroa
«Barcina tendrá que construir más puentes para alojar a tanta gente»
La Plataforma por el Derecho a la Renta Básica efectuó ayer un primer balance de cómo está afectando la nueva legislación y la sustitución de la Renta Básica por dos ayudas denominadas «Inclusión Social» e «Inserción Sociolaboral». Lo que hace un año era un colchón que tenían todos, ahora está plagado de agujeros. Varios colectivos, particularmente parados de entre 25 y 45 años e inmigrantes, verán cómo el Gobierno navarro se desentiende de ellos.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
La Plataforma en Favor del Derecho a la Renta Básica denunció ayer que la modificación de esta ley en Nafarroa ha sumido en el caos a los servicios sociales. Hasta ahora ha sido imposible celebrar una reunión entre los técnicos que trabajan directamente con las personas precarizadas y la dirección de la Consejería para explicar a quién se debe remitir a la nueva renta de Inclusión Social y a quién a la Ayuda de Inserción Sociolaboral. Todo es confuso y su clarificación, urgente. Pero lo único que ha quedado claro a día de hoy son los enormes agujeros que tiene la nueva ley, impulsada por el PSN.
Con la sustitución de la Renta Básica por la Renta de Inclusión Social elaborada por la consejera Elena Torres, la red de soporte a los más necesitados sufre una serie de desgarros. Hay colectivos que no tienen derecho a ningún tipo de soporte o colchón económico, por lo tanto, se verán abocados a situaciones de pobreza absoluta, según explicó Ana Fernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Iruñea y miembro de la Plataforma por la Renta Básica. «¿Qué va a ser de estas familias? Se van a quedar sin casa y sin dinero para comer todos los días. Se intensificará su exclusión. Yolanda Barcina tendrá que construir más puentes para alojar a tanta gente», auguró Fernández.
Los colectivos excluidos en la nueva ley son muy variados. Quizá uno de los más sangrantes es el de familias inmigrantes en situación irregular pero con hijos navarros. Al quitarles esta ayuda, se produce una paradoja que redunda en un perjuicio económico para las arcas forales. Se quita la prestación a los padres, por no estar empadronados. Sin embargo, el Gobierno navarro tiene un deber de protección para con sus hijos por ser menores. Si su familia no pueden mantenerlos, la Administración deberá hacerse cargo de ellos y, en consecuencia, quitarlos de manos de sus padres y llevarlos a un centro de acogida público. El coste de la plaza de un menor en un centro así viene a ser de unos 3.000 euros al mes, según explicó la plataforma, mientras que la ayuda que percibían hasta ahora puede ser tres veces menor.
«Este caso puede ser dramático pero se va a dar», explicó este colectivo en el que se aúnan Axola, Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, SOS Racismo, Oficina de Derechos y Papeles para Todos, así como Papeles Denontzat. «Las limitaciones y recortes van a conseguir una intensificación de los factores e indicadores que llevan a que una persona llegue a una situación consolidada y cronificada de exclusión, porque la pérdida de ingresos puede provocar la pérdida de varios elementos incluyentes: salud, vivienda, autonomía personal, bienestar familiar, relaciones sociales, acceso a formación, sin mencionar que una persona necesita comer todos los días para seguir viviendo», denunciaron en una rueda de prensa ayer en el comedor social Paris 365.
Otra de las injusticias -y que prueba el caos administrativo que ha generado el cambio en la ley- afecta a quienes solicitaron la renta básica antes del cambio de ley. El Gobierno está obligado a resolver en 45 días su solicitud, sin embargo el retraso medio ronda los seis meses. Este error, achacable a la Administración, lo están pagando las familias. Las resoluciones se están fallando con la nueva normativa y se deniegan por sistema, aplicándose una retroactividad que es contraria a derecho.
Limitaciones para los parados
Existe un colectivo particularmente agraviado por la nueva legislación. Se trata de los parados. Se les ha quitado el derecho a percibir la renta de inclusión sociolaboral a los desempleados de entre 25 y 45 años. Solo existe una excepción, que se aplica a quienes tienen cargas familiares, siempre que tengan entre 35 y 45 años. Además, según se explicó ayer, nadie tiene garantizada este tipo de ayuda por difícil que sea su situación. La ley se ha regulado de tal modo que, en los Presupuestos de cada año se consigna un fondo para la Inserción Sociolaboral. Si este dinero se acaba, las solicitudes se denegarán por sistema.
Si la situación de paro de un navarro se alarga en el tiempo, sus posibilidades de acceder a una ayuda por parte del Gobierno, en lugar de incrementarse, se reducen. Por ejemplo, si alguien agota los 24 meses que dura la ayuda de inserción sociolaboral, tendrá que esperar durante un año antes de poder solicitar de nuevo una prestación económica.
Desde la Plataforma por el Derecho a la Renta Básica, denuncian que Torres presentó estas medidas como necesarias para evitar «el fraude y el efecto llamada». Sin embargo, estos agujeros confirmarían que se trata de una ley «que denota una actitud economincista y racista, puesto que su único objetivo es el ahorro a costa de las personas más necesitadas». Se calcula que, con estas medidas, el Gobierno navarro se podría ahorrar nueve millones de euros, una cifra pequeña si se la compara, por ejemplo, con los 134 millones que se gastará en el TAV solo en 2012.
Además de limitar el número de personas que tienen acceso a estas prestaciones, la nueva ley también ha conllevado un recorte directo de las mismas. No solo no se incrementa el IPC, sino que el primer año la cuantía de las ayudas se reduce en un 10% y, el segundo año, se reducen en un 20%.
Varios colectivos sociales, entre ellos los parados de entre 25 y 45 años y los inmigrantes, verán cómo el Gobierno navarro se desentiende de ellos con el cambio de la renta básica por dos nuevas medidas sobre inserción e inclusión.
En Portugal, Grecia y el Estado español, la concentración de la riqueza en pocas manos es más aguda. El 10% de la población posee el 60% de la riqueza del país. En Hego Euskal Herria, el acaparamiento es similar al Estado, más en Bizkaia.
Elkartzen sostiene, igual que lo hacen otros investigadores europeos, que es necesario incrementar los salarios en base al PIB per cápita, «porque permite que el aumento de la productividad y de ganancias de la economía se trasladan al empleo».
El movimiento social a favor de los derechos sociales, Elkartzen, sitúa el umbral de la pobreza, es decir, la frontera económica del cobro de prestaciones y salarios, «nunca por debajo de los 963 euros al mes en doce pagas, es decir 11.562 euros para 2012». Patricia Muñoz y Aitor Balda explicaron que en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa un tercio de la población vive por debajo de esa cantidad, es decir en la pobreza. Para Elkartzen, el reparto de la riqueza es necesario para evitar los desequilibrios entre la acumulación de riqueza de unos pocos, frente a la mayoría de la población que, cada vez, se enfrenta a bajos o nulos recursos económicos.
«Detrás de los fríos números, tenemos que recordar que una de cada tres personas sobrevive por debajo de los umbrales de pobreza en silencio e invisibles a nuestro deambular frenético», precisó Muñoz, a lo que Balda añadió que «tal vez se sientan desposeídas hasta de la voz, nosotros aún podemos gritar y queremos ceder nuestra voz y nuestro grito: ¡Basta ya de pobreza tras las puertas cerradas de nuestros mismos rellanos de escalera!».
En un análisis exhaustivo, Elkartzen constata que «el capitalismo está produciendo un amplio empobrecimiento de sectores de la población mundial». De hecho, explica que en 1960, el 20% de la población más rica del planeta ganaba 30 veces más que el 20% más pobre. En 1990, los ricos duplicaron su ganancia. Con el cambio de siglo, «ese 20% más rico del planeta ganaba 82 veces más que el 20% más pobre». Como explicaron los portavoces de Elkartzen, «hoy el 15% del planeta, que controla el 71% del PIB mundial, vive a costa de explotar al 85% del planeta, que sobrevive con el 29% del PIB mundial».
Esta situación es más aguda en la UE, a juicio del movimiento social a favor de los derechos sociales, porque un 10% de la población posee el 60% de la riqueza del país. «En Euskal Herria, la concentración se sitúa en la media española, aunque en Bizkaia hay una mayor proporción de ricos», según Elkartzen. Ante esta situación, a juicio de Patricia Muñoz y Aitor Balda, es necesario «establecer mecanismos que permitan un reparto de la riqueza, que garanticen a toda la población vasca -parada, subocupada, pensionista y excluida del mercado laboral- obtener unos ingresos mínimos que le permita llevar una vida digna». Así, consideran que debe establecerse un salario mínimo interprofesional «acorde a las variables económicas que determinan el poder adquisitivo y que garanticen un incremento del mismo por encima del umbral de la pobreza, un salario social garante de dignidad».
Elkartzen documenta esa necesidad de situar el umbral de la pobreza en un límite. Cita a la OIT, a la Unión Europea y la Carta Social, incluso la red de investigadores alemanes, franceses y suizos ligados al movimiento sindical, que circunscribe los salarios al PIB per capita, «que permite que el aumento de la productividad y las ganancias de la economía repercutan en el aumento de salarios que, a la vez, repercutirían en una demanda solvente sostenida y en la calidad del empleo». Así Balda y Muñoz determinaron que el salario mínimo «nunca debería ser inferior al 50% del PIB per capita; pero en Hego Euskal Herria se sitúa en el 30%», mientras que recordaron que en el Estado francés supera esa media». Elkartzen fija que la Renta de Garantía de Ingresos «no debería ser inferior al 37,5% del PIB per capita, que pasaría a ser considerado umbral de la pobreza, pero ahora se sitúa en el 26,2%, por lo que habría que incrementarla». Así, determinan que debería llegar a los 11.562 euros al año. Juanjo BASTERRA
Para ese movimiento social, el SMI nunca debería ser inferior al 50% del PIB per cápita. En el estado francés es superior. A su vez, cree que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica o Salario Social nunca debería descender del 37,5% del PIB per cápita.
