Dicen las víctimas de ETA que «el cumplimiento de las leyes será el que cierre esta historia». Desde el Foro de Ermua reclaman que «con ETA la única solución pasa por la aplicación implacable de la ley». Barcina también demanda «cumplir la ley». Los principales espadas de Interior y Justicia, junto con su jefe de filas, aseguran cada oportunidad que tienen que harán única y exclusivamente lo que la ley prevea, «como-no-puede-ser-de-otra-manera». Es lo suyo en un Estado de derecho. Entienden su ley como virtuosa, omnipotente, divina... pero no cuesta entender que su apelación busca un refugio desde el que evitar avances. Ley bunker.

Para más abundar, el Ministro de Interior Fernández Díaz interpreta la norma para negar «beneficios» si no se cumplen «condiciones legales» que pasa a enumerar: «pedir perdón», el alejamiento «inequívoco», cumplir con las «responsabilidades civiles» y la «colaboración con las autoridades cuando estas se lo requieran». Mal empezamos, porque ojeo la legislación y no encuentro nada de todo esto. Ley embudo.

A la vez, el Ministro del Justicia, Sr. Gallardón, anuncia modificaciones legales a peor: pretende incluir en el Código Penal la cadena perpetua que ya existía en la práctica, algo que tras una operación de lifting ha denominado «pena de prisión permanente revisable». La perversión del lenguaje es evidente. Ley propaganda.

Dejan a oscuras, en la trastienda, dos cuestiones a dilucidar. La primera tiene que ver con cuánto y cómo imponer el efecto más severo de la ley -el castigo- cuando han cambiado las circunstancias que lo justificaban -la lucha armada-. Y una segunda cuestión relativa al pedregoso y angosto callejón por el que decidieron que el castigo transcurriese: la satisfacción de la víctima a través de la pena. Al principio de los tiempos se imponía la pena legal para equilibrar la infracción con un castigo -un mal compensa otro mal-, después para resocializar al infractor -pena útil que reinserta- y hoy en día para contentar a sus víctimas, eternamente ávidas de más madera. Ley populista.

La actualidad nos muestra -frente a los más cavernarios, con sus ojos acostumbrados a la oscuridad- que aquí hubieron víctimas y victimarios de diversa naturaleza. Pero lo que parece ser una discusión apasionante, con numerosos ingredientes, matizaciones y que desde el punto de vista ético habría que enfrentar a calzón quitado, asumiendo y otorgando, se soslaya con un mantra facilón: «todo se arbitrará en base a la ley». Ley freno

Rápidamente vemos que sirvió para castigar al enemigo y beneficiar al amigo. Es ley la que posibilita que un porcentaje rayano al 100% de los crímenes de estado y un 80% de los relativos a escuadrones de la muerte -BVE, GAL...- nunca hayan sido esclarecidos. Las querellas se desestimaban bajo el abrumante peso de la ley. Los crímenes que en su tipificación legal llevarían la forma de asesinato, homicidio, lesiones se sepultaban en legales archivos. Ley para la impunidad.

Con ella se han otorgado remisiones de condena, indultos y beneficios a delincuentes vinculados a la razón de Estado y no encuentro nada que me sugiera que se aplicaran las condiciones legales para obtener beneficios que mencionaba el ministro. Ni perdón, ni arrepentimiento, ni colaboración con la justicia. Algunos buenos servidores del estado -Barrionuevo, Vera, Elgorriaga, Rodríguez Galindo, Amedo...- salieron por la puerta de atrás. De hecho, la mayoría aplastante nunca entró. Es ley la que soporta que una caterva de más de 70 torturadores convictos no hayan pisado prisión ni por un minuto. La alarma social que generaron horribles episodios de violencia del estado decaía bajo el silencio cómplice de los medios de comunicación, con la indiferencia de políticos cercanos y con la socarrona prepotencia de los más lejanos. Ley sordina.

Un contraste con otras alarmas que se aventaban hasta al último de los hogares. Y por ellas, aplicaron una versión de la ley que castigaba políticos sin delito y justificaba crueles castigos por delitos políticos. Sancionados por estar en otra barricada. Ley escarmiento.

Ha sido dúctil y maleable. Porque ley es la que aplica Grande Marlaska y la de Bermúdez, siendo el último marginado y el otro premiado con la dirigencia de la Audiencia Nacional. Ley es la que interpretó el tribunal de Donostia y el Supremo de Madrid en el caso Portu y Sarasola. Con la Ley suspendió Bildu el Supremo y con la ley lo aprobó el Constitucional. Ley era el juez incorruptible Joaquín Navarro y lo es la inefable Ángela Murillo. Es Garzón y quien le condena. Con la ley Sarkozy acerca y Fernández Díaz aleja. Con la misma ley se condena a prisión permanente a unos y se benefician permanentemente otros. La visualizan roca, pero la ley es magma viscoso.

Dos conceptos que se han de armonizar -la igualdad de las personas ante la ley y la generalidad de la ley- consagrados en una Constitución cada vez más parcheada y desacreditada, han saltado por los aires. Porque, si bien invocan la ley, es precisamente su flexibilidad la que requieren. La que posibilita castigar más a enemigos y menos a los amigos. Ley chicle.

Aseguran que es lo que corresponde a un Estado de derecho e insisten en que la ley está amparada en la mayoría. Una mayoría que quieren poner contra un nuevo escenario político que solo puede generar efectos positivos, para todos y cada uno. Lo saben. Pero también saben que este escenario que coloca a cada uno en su lugar. Y esto les provoca pavor. Al abrigo del «cuanto peor mejor» emplearán la ley para dificultar una transición a parámetros democráticos. ¿Y entonces? Ley pendiente resbaladiza.

Y ante todas esas acepciones de la ley creo sinceramente que, avistando todo lo ya perdido, podemos optar a que la ley coadyuve a salvar lo presente y mejorar el futuro. Porque al contrario de todo lo dicho, la ley también sirve -o deberá servir- para avanzar, para progresar, para vehiculizar aspiraciones.

Por ley se consulta. Por ley se ejecuta lo consultado. Por ley se empodera. Por ley se establecen responsabilidades, por ley se reconoce, por ley se indaga la verdad. La ley deberá ayudar a generar sinergias para que se conozca lo que ocurrió y en qué circunstancias. Y creo, sinceramente, que al menos algunas víctimas, las de la violencia del estado, se encontrarían reconocidas y reconfortadas con una ley que restablezca la verdad.

No creo que éstas demanden una rehabilitación de alfombras rojas, menos aún una fría compensación económica a instancias de su silencio. Me juego el cuello a que ni siquiera pretenden ver entre rejas -aunque se lo merezcan- al responsable de la vulneración de derechos que sufrieron. Menos aún, dispersado o sometido a «prisión permanente revisable».

No creo que aspiren a que los trasgresores se pudran en la cárcel. Les bastaría con conocer la verdad: quien, dónde, cuando, porqué. No quieren una ley de punto final. Prefieren una de punto y aparte. Una ley justa.