Son ellos mismos quienes las descubren. Las declaraciones de Idoia Mendía sobre el decreto que están preparando para el reconocimiento de las víctimas policiales de 1968 a 1978 no tienen desperdicio: «Aquí no han existido dos violencias, aquí solo ha existido una: la de ETA. Y luego, actuaciones aisladas de funcionarios públicos que se excedían en sus funciones». Es bueno saber que la dictadura franquista no era nada violenta, sobre todo en esos años del 68 al 78, aunque dos personas fueron muertas en una manifestación en Erandio en el 69, una en Eibar en el 70, cinco en Gasteiz en el 76 y cientos de detenidos eran torturados diariamente en todas la comisarías. Solo eran violentos quienes se oponían, algunos incluso con armas, a aquellos golpistas que derribaron la República y masacraron a cientos de miles de personas. Aparte de algunos funcionarios excesivamente celosos, la Sra. Mendia no ve ninguna otra anomalía política desde el 36 al 78.

«Les gusta hacer suyas esas víctimas cuando no lo son, no tenían motivación política...». No existía motivación política alguna en todas las movilizaciones de aquellos años, puesto que la libertad sindical, de asociación, de manifestación, estaban garantizadas y nunca se reprimían, ni se detenía a nadie en comisarías y cuartelillos. «No buscamos culpables, ni juzgar a nadie»; «el afán no es establecer quién fue el autor de la muerte y no vamos a buscar a los culpables, sino a reparar el hecho». No son culpables los militares golpistas, ni sus policías, ni sus guardias civiles, ni sus jueces, ni sus gestores. No merece la pena juzgarlos, reparamos los excesos y con eso vale.

«Se trata de reconocer cuándo nos hemos pasado». Durante los cuarenta años de dictadura solo ha habido algunas «pasadas». Y ese «nos», ¿es un desliz, o se identifica abiertamente con los poderes de aquellos años?

Consideramos totalmente inadmisible el tratamiento que se pretende dar a todo el periodo franquista, fragmentándolo, además, a conveniencia. Somos miles las personas que combatimos durante todos aquellos años. Y estamos en condiciones de testificar, allá donde haga falta, sobre las violencias habidas, los funcionarios que se «excedían», y las víctimas muertas y torturadas por la motivación política más importante: la oposición radical al franquismo y su negación de libertades. Y sí, nosotros buscamos a los culpables, para juzgarlos exigiéndoles responsabilidades por todo lo que hicieron. Porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben; no lo decimos nosotros: lo dice la ONU, Amnistía Internacional, y tantos otros organismos y juristas internacionales, aunque el actual Gobierno Vasco y el Tribunal Supremo español lo quisieran olvidar.

Reparar a las víctimas está bien. A todas las víctimas. Pero ello no exime de responsabilidades a quienes las originaron. Y en esto pensamos que pretenden exigirlas solo a quienes se enfrentaron a todo el aparato de la dictadura franquista, olvidando que justamente ellos fueron quienes, como víctimas de una cruenta postguerra, decidieron oponerse a aquella situación originada por un sistema terrorista basado en un golpe militar.

Hay víctimas de ETA, y muchas. Pero ni el Gobierno Vasco ni el español tienen legitimidad alguna para denunciarlas si no denuncian y exigen responsabilidades con la misma energía a los orígenes de los últimos 75 años de este país: un golpe militar cruento e infame contra una democracia republicana y popular legalmente constituida. Y no hay que olvidar que todos los herederos de aquel golpe aún andan sueltos.