Resulta inaudito el hecho de abrir un expediente informativo por una muestra de solidaridad de miembros de un colectivo de trabajadores, sean bomberos o ingenieros, públicos o de la empresa privada. Que un acto simbólico que recoge el sentir de cientos de miles de vascos y vascas llevado a cabo por varios bomberos de Gasteiz sea motivo de investigación con intención sancionadora revela la naturaleza inquisitorial del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Alguien cree seriamente que si la muestra solidaria de esos bomberos hubiera sido por cualquier otra causa la concejala de Seguridad Ciudadana habría llegado siquiera a plantear la apertura de una investigación? No es preciso plantear hipótesis inverosímiles para afirmar que si el acto no hubiera sido de adhesión a una manifestación por los derechos de los presos políticos vascos, en función del receptor de esa solidaridad, los trabajadores podrían haber recibido incluso la felicitación de esa edil. Por supuesto, los bomberos -ni nadie- no están obligados a solidarizarse con los presos vascos; pero tampoco están obligados, no deberían estarlo, a reprimir sus impulsos solidarios o reivindicativos. Y cualquier medida disciplinaria por no hacerlo -incluso la propia investigación abierta por el Ayuntamiento- sería una escandalosa violación del derecho a la libre expresión de esas personas.