O, lo que es lo mismo, algo más de 26.000 euros. Es lo que el Estado español decidió no pagar a la agrupación de electores de HB por el concepto de gastos derivados de las elecciones estatales celebradas el 28 de octubre de 1982 en Gipuzkoa. Para que quede más claro, las que significaron la llegada a La Moncloa de Felipe González. Ya ha llovido.

Desde entonces, tres décadas, el Estado ha hecho trampas dentro de las leyes y hasta leyes dentro de las trampas para evitar este pago. Y lo ha logrado con una última decisión emitida ahora por el Tribunal Constitucional. A estas alturas, aun en el caso de que le hubiera admitido el atropello, el embargo derivado de la ilegalización se habría quedado con la pasta.

Llevar el asunto al Tribunal Constitucional fue solo la última triquiñuela del Estado para retener los 4,3 millones de pesetas de la época. Estos 30 años se dividen en tres periodos casi exactos. La primera década la empleó Madrid en tratar de que la Audiencia Nacional y el Supremo español avalaran el atraco, sin conseguirlo; la segunda, en esquivar los distintos mandatos judiciales para que liquidara la deuda; y la tercera, esperando a que el Constitucional avalara la treta que se sacó de la manga en 2001, en vísperas ya de la ilegalización. Así ha sido.

Hasta la máxima instancia

El periplo dice mucho también sobre la tranquilidad con que se toman los tribunales españoles los asuntos de los derechos políticos de los independentistas. De hecho, el Pleno del Constitucional ha empleado casi diez años en tomar una decisión que luego resulta muy escueta.

Para llegar a ese punto hay que comenzar por el principio, aun a riesgo de perderse... y de indignarse. Todo comenzó, como se ha dicho, en Gipuzkoa en 1982, cuando a HB se le retuvieron los 4,3 millones. La formación abertzale apeló a la Audiencia Nacional, que en 1988 le dio la razón y determinó que había que pagarle el dinero más los intereses legales. La excusa de la Abogacía del Estado fue que sus electos no habían tomado el cargo para no acatar la Constitución española, pero no coló. La AN recordó que el dinero correspondía a gastos de campaña y que era indiferente lo ocurrido después.

El Estado recurrió al Supremo, pero en 1990 la Sala Tercera confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional en todos sus términos. Como quiera que Madrid no se dio por enterado, HB solicitó en 1991 la ejecución del fallo, que le fue concedida. Pero tampoco por esas. Dos años después, los tribunales instaban al Ministerio de Interior a que aclarara por qué no pagaba. La respuesta fue el silencio. Siete meses después, los jueces insistieron, también sin suerte. En noviembre de 1994, la AN requirió al Ministerio «por última vez». Tampoco. Y en 1996 otorgó un plazo de «dos meses». Adivinen qué hizo el Estado con el papel judicial.

En 1997, 1998 y 1999 se instó de nuevo a la Administración a pagar la deuda, «sin recibir respuesta concluyente». Tuvo que llegar el nuevo milenio para que se produjera un salto en el caso: en diciembre de 2001, la AN multó con 50.000 pesetas a la subsecretaria de Interior, indicándole que subiría la cantidad si seguía sin pagar.

Hecha la ley, hecha la trampa. Ese mismo mes, el Gobierno del PSOE introdujo en la llamada Ley de Acompañamiento de los presupuestos para 2002 una disposición adicional transitoria ad hoc que establecía que no se podían pagar subvenciones a quienes no tuvieran la condición plena de diputado o senador. El Estado se escudó en su propia trampa para argumentar que no podía pagar una deuda ¡de 20 años antes!

El atropello resultaba tan flagrante que la AN preguntó entonces al TC si ese precepto no era inconstitucional. Entre medio llegó la ilegalización, desapareció la peseta y hasta ha acabado la lucha armada de ETA. Y el Estado se ha dado la razón a sí mismo: ni pagó ni pagará.