Después de que las FARC anunciaran el fin de los secuestros como herramienta de financiación y anunciaran la inminente entrega de diez uniformados, el martes ELN hizo público un comunicado en el que propone al Gobierno de Juan Manuel Santos «replantear» la ofensiva contra la explotación petrolera si el Ejecutivo se compromete a cumplir seis exigencias, entre ellas, la imposición de «un impuesto social» de diez dólares por barril extraído, que deberá ser entregado a las comunidades afectadas por la extracción del crudo.

La guerrilla denuncia que Colombia está ante «una nueva ofensiva depredadora y saqueadora de las multinacionales, con nuevos contratos de exploración y explotación llano adentro y en reservas naturales».

Por ello insta a Santos a «retirar de los planes minero energéticos los territorios de Reserva Indígena y Parques Naturales. Demanda, además, la reparación e indemnización por los daños ambientales y sociales ocasionados por la explotación petrolera.

Considera que se debe indemnizar por daños causados a los propietarios de los predios por donde pasan los oleoductos. Igualmente, propone rebajar las tarifas de los combustibles «hasta un 50%» y eliminar los peajes al transporte y nacionalización de todas las vías del país.

Justo el mismo día en que hizo públicas estas propuestas, liberó a once trabajadores y transportistas de una firma petrolera que había capturado hace una semana. El grupo fue entregado en el departamento regional de Arauca, donde se construye el oleoducto Bicentenario, que tendrá 960 kilómetros y transportará crudo de los Llanos Orientales hasta Coveñas, puerto de exportación en el Caribe colombiano