La semana pasada se dio a conocer el decreto del Gobierno de Lakua a través del cual se adjudicarán 34 nuevas licencias. Ramón Zallo, profesor de la UPV y doctor en Ciencias de la Comunicación hizo ayer, en Info7 Irratia, una lectura de dicho decreto. Zallo, además, fue asesor de la Consejera de Cultura durante dos legislaturas de Juan José Ibarretxe, siendo el encargado de redactar las bases de la Ley Vasca de Medios, ley que no terminó de ver la luz. En opinión de Ramón Zallo, el decreto «mercantilizará y desnacionalizará» las ondas vascas. El Gobierno de Nafarroa, por su parte, hizo coincidir en el tiempo un anuncio similar.

El 28 de febrero, el Gobierno de Lakua hizo públicas las bases de un concurso público para adjudicar 34 licencias de radio en frecuencia modulada (la onda media es competencia de Madrid). A tenor de las mismas, las licencias caerán en manos de las grandes cadenas comerciales con sede en Madrid.

El decreto general que propicia este concurso público es, en palabras de Zallo, «cobarde y timorato» y obvia la realidad sociolingüística de la CAV ya que es una mera aplicación de la Ley General de Medios estatal, apoyada en una distribución de frecuencias por comunidades. Para la Consejera de Cultura, Blanca Urgell, sin embargo, con el nuevo reparto de licencias «se pretende generar un nuevo espacio audiovisual en euskara y garantizar la presencia de medios de comunicación privados en las dos lenguas oficiales en todas las comarcas de la CAV». Toda una declaración de intenciones.

Las licencias se repartirán de la siguiente forma: serán diez en Araba (todas en Gasteiz); trece para Bizkaia (Bilbo seis, Getxo cuatro, Durangaldea dos y una en Gernika); y once para Gipuzkoa (Donostia cinco, Beasain tres, Legazpi dos y una en Azkoitia). Según el decreto, se reservará un tercio de las licencias para radios que emitan íntegramente en euskara en localidades de más de 100.000 habitantes. Este porcentaje pudiera ser hasta del 50% en las poblaciones con menos habitantes. El articulado, empero, hace albergar dudas sobre el destino final de las doce licencias reservadas, en principio, para las emisoras con programaciones íntegramente en euskara. Incluso podrían ser menos que las previstas por el decreto: «este tipo de reserva está muy alejada de nuestra realidad sociolingüística, donde un 50% es euskaldun activo o pasivo. Lo normal hubiera sido hacer un reparto en base a la realidad lingüística de cada zona; no hay derecho a que en Legazpi o en Durango, con dos licencias cada una, se reserve la mitad al castellano», señaló Zallo. El decreto, que de hecho margina las radios bilingües al darles poca valoración, tampoco reservaría licencias para las radios euskaldunes: «de un máximo reservado de doce sobre treinta y cuatro licencias podemos encontrarnos con que solo sean cuatro, por ejemplo, al no reunir alguna de las condiciones técnicas o financieras que dispone el decreto; esas licencias pasarían a radios en castellano». El artículo 10 del decreto pone a la par programación, recursos técnicos y financieros: 50 puntos: «las emisoras que tienen potencial técnico y financiero, las grandes cadenas a nivel estatal, parten con una ventaja comparativa enorme. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que al no haber un ente controlador, los pliegos pueden albergar muchas mentiras en el apartado de la programación, ya que nadie les hará cumplir lo que en ellos dijeron», puntualizó Zallo.

Una lectura propia

A la hora de analizar los criterios que guían el decreto hay que tener en cuenta que una aplicación literal de la Ley General de Comunicación Audiovisual española «es una ley general, de obligada cumplimentación, pero desde una comunidad autónoma que se respete a sí misma debería leerse esa ley desde criterios propios para que no perjudique proyectos propios de construcción de un sistema comunicativo propio. Y este es un decreto timorato y cobarde, que aplica la Ley tal cual, y que por el `qué dirán' fija unos porcentajes para las emisoras euskaldunes que, como hemos dicho, pueden quedar en nada. En lugar de establecer criterios de programación propia obligatoria, de que haya un determinado número de horas con producción propia desenganchadas de las cadenas de ámbito estatal. Nada de esto aparece. El criterio que lo justifica es que ya no son emisoras de servicio público con gestión privada si no de interés general, entendiendo que ese interés general no conlleva obligaciones. Eso no es verdad. Se podían haber fijado obligaciones de programación, de contenidos, de cuotas de música, de servicio a cada zona, etcétera». Así, el decreto no favorece los intereses comunicativos singulares ni de la CAV ni, por supuesto, de Euskal Herria.

La Consejera Urgell sugirió que el Decreto reorganizará el espacio radiofónico, lo cual puede conducir a que la alegalidad en la que se mueven muchas emisoras dé paso a la proscripción de radios libres y comunitarias: «este tipo de radios puede que entren en el reparto, pero será por su condición euskaldun, no por ser comunitarias». SER, Cope y Onda Cero llevan las de ganar.