El Consejo de Ministros español aprobó ayer un Código de Buenas Prácticas Bancarias que obligará a las entidades que se adhieran a él a abaratar las hipotecas de las familias paradas y con bajos ingresos, o llegado el caso, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda. Sumarse a este código será una decisión voluntaria de cada entidad bancaria.

La reacción las entidades no se hizo esperar y así la Asociación Española de Banca (AEB) se quejó de que el Gobierno les está «obligando a asumir funciones contra la exclusión social que corresponde en verdad a la Administración».

Además, resaltó que «una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos».

Por su parte, el director territorial de Caja Laboral en Nafarroa, Javier Cortajarena, afirmó que tendrán que valorarar el decreto ley y, aunque prevé «estar en sintonía» con la iniciativa, insistió en que primarán «las mejores soluciones individuales a cada caso».

«Insuficiente» para Adicae

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, valoró que el decreto es «absolutamente insuficiente para resolver los graves problemas hipotecarios de España».

Adicae cree que «el fracaso de la norma está asegurado porque solo se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades bancarias».