El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) analiza cinco convenios urbanísticos impulsados por el Consistorio de Bakio bajo la presidencia del jelkide Txomin Renteria en el periodo 2005-2009, en los que ha encontrado irregularidades en cuatro de ellos. En el documento de fiscalización se incide en que al no haber constituido el Patrimonio Municipal del Suelo (PSM), los autores del estudio no han podido comprobar fehacientemente que los bienes y recursos obtenidos en los acuerdos analizados hayan sido destinados a los usos previstos.

A consecuencia de modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias (NNSS) de 2001 en cinco parcelas, tras un acuerdo con promotores inmobiliarios, se pasó de permitir la construcción de 277 a 916 viviendas en Bakio, con los consiguientes supuestos beneficios económicos para las arcas municipales. A la vista de los datos, según el TVCP, esto no fue así, en algunos casos hay dudas de que el Ayuntamiento perciba cantidad alguna, como denunciaron en su día los concejales de ANV, EA y Aralar, y en otros se subraya los intereses de demora que no obligó a pagar a las empresas, por un valor total de 85.000 euros.

Así, por ejemplo, en el sector residencial SR.2 Bakea, se detectan irregularidades contables en los ingresos derivados de la operación y retrasos en los pagos que superaron el año y medio, por lo que las arcas hubiesen podido percibir 64.000 euros más, una cantidad importante para una institución que actualmente afronta una deuda cercana a los 6 millones de euros. Sorprende que, aunque el convenio se firmó en 2005, dos años antes la constructora realizó un pago por 393.000 euros.

En la unidad de ejecución BDB, cita el informe, «no se ha podido determinar el resultado económico obtenido por el Ayuntamiento» y tampoco se registró una parcela recibida como cesión valorada en 281.000 euros. En esta operación desaparecieron 1.142,23 metros cuadrados de zona verde, que se dedicaron a aparcamiento público.

En otro sector de Errenteria en ejecución -tal y como denunciaron desde la oposición-, no se han cobrado 1,2 millones de euros mientras se han efectuado inversiones en base a esas supuestas entradas de dinero. Además se adjudicó el proyecto de reparcelación a dedo y a la fecha en la que se elaboró el informe no había factura.

En una operación en Elexalde, en fase de ejecución, se acumulan retrasos en los pagos convenidos, pudiendo haber exigido los responsables municipales 21.000 euros en concepto de intereses de demora, además de que no se tiene constancia de que se hayan abonado algunas de las cantidades convenidas. Al igual que en otros convenios, los gestores del PNV adjudicaron trabajos sin ajustarse a la normativa sobre contratos de las administraciones públicas.

Tras este informe en sus manos, fechado el 22 de febrero, quienes representaron a ANV, EA y Aralar en el Ayuntamiento bakioztarra de 2007 a 2011 y los que hoy conforman el grupo municipal de Bildu, ofrecieron una rueda de prensa para incidir en que el TVCP confirma sus repetidas denuncias de irregularidades y señalar que el modo de gobernar del PNV, con mayoría absoluta, impidió un mayor control por la oposición.

«Sin respetar la ley»

A la vista de las conclusiones del informe de fiscalización, dijeron que «queda claro que el PNV ha gobernado como ha querido, sin respetar la ley, y en casi todos los proyectos urbanísticos, como verifica este documento [refiriéndose al análisis del TVCP], sin justificación».

Recordaron que cuando comenzaron las pesquisas, en febrero de 2010, las autoridades locales declararon: «No tenemos dudas sobre nuestra transparencia y esperamos que todas se resuelvan tras el estudio de los cuatro convenios solicitados». Con las conclusiones en la mano, los ediles de la oposición creen que se ha confirmado la falta de transparencia. «Por un lado, faltan documentos e información sobre los convenios y por otro, hemos perdido dinero y se han primado los intereses de las constructoras a los de la ciudadanía», criticaron.

En opinión de la oposición anterior y actual, el documento de TVCP «deja claro la mala gestión y la irresponsabilidad del equipo de gobierno», a quienes achacaron la precaria situación financiera del Consistorio de Bakio y los consiguientes recortes.