Mario Fernández, que fue vicelehendakari para Desarrollo Autonómico en el gobierno de Carlos Garaikoetxea y ahora es presidente de Kutxabank, afirmó ayer que un cambio en el modelo institucional de la CAV podría suponer un «grave riesgo» para el marco estatutario vigente, ya que cualquier modificación en el apartado administrativo deberá ir acompañado de una reforma constitucional.

Según explicó ante los parlamentarios presentes en la comisión encargada de analizar las duplicidades institucionales en la CAV, el Gobierno español podría utilizar dicha reforma constitucional para reducir el poder y las competencias de las que actualmente disponen Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Durante su comparecencia en el Parlamento de Gasteiz, Fernández explicó que las duplicidades existentes hoy en día en la CAV no son un problema derivado del actual modelo institucional que, según datos publicados por el Gobierno de Patxi López, vendría a suponer un coste anual de 400 millones de euros.

Es más, en opinión del actual dirigente de Kutxabank, el coste evidenciado por el Ejecutivo de Lakua responde a un problema de gestión. Tal como comentó, el gasto atribuido a las instituciones públicas ha tenido su origen en un «exceso de recursos» durante los años de auge económico previos a la crisis de 2008.

Por ello, defendió que con el marco legislativo actual y con la Ley de Territorios Históricos (LTH), que regula las competencias de las diputaciones forales, es posible mejorar la eficiencia de las administraciones. «El modelo (el de la LTH) es compatible con una buena y una mala gestión», puntualizó.

Críticas a la LTH

La defensa de la LTH solo fue aplaudida por los parlamentarios del PNV y del PP, que apostaron por corregir las deficiencias y fomentar la cooperación entre instituciones para poner fin a las duplicidades.

Esa postura fue criticada por el resto de formaciones políticas con representación en la Cámara, que sostienen la necesidad de poner en marcha una reforma en el modelo institucional de la CAV. Esta idea ya fue defendida en la misma comisión parlamentaria por figuras políticas como Carlos Garaikoetxea o Juan Porres, ambos de EA, que abogaron por restar poder a las Juntas Generales.