Miembros de la Corporación municipal, con el alcalde al frente, y familiares de las víctimas se dieron cita ayer ante el portal número 8 de la erandiotarra calle Obieta para participar en un nuevo acto de reconocimiento póstumo a Anton Fernández y Josu Murueta. Un aurresku de honor dio paso al descubrimiento de las placas, una renovación que se ha dilatado en el tiempo ya que el acuerdo plenario en el que se instó al cambio se produjo ya en otoño de 2009.

Ayer, «por problemas técnicos», el acto se demoró unos minuto,s pero finalmente los familiares vieron cumplida la ini- ciativa impulsada por Ahaztuak. Recordó el motivo de la cita el primer edil, el jeltzale Joseba Goikouria, quien quiso dar todo el protagonismo a Conchi Fernández -hija de Anton- y María Pilar Arenaza -viuda de Josu Murueta-, que acudió junto a sus hijas Josune e Idoia.

Fernández agradeció el gesto del Ayuntamiento, rememorando aquella noche del 28 de octubre de 1969, cuando su padre, de 54 años, recibió un disparo de la Policía Armada al asomarse al balcón del domicilio familiar para ver las cargas contra los erandiotarras que clamaban por la contaminación atmosférica que les ahogaba. Falleció dos semanas más tarde en el Hospital de Basurto, donde estuvo custodiado en la UVI por agentes metralleta en mano.

La hija de aquel ajustador de Montajes Sarabia no olvida la brutalidad con la que se emplearon los «grises». «Aquello fue terrible. ¡Menudas palizas! Aquí junto a la estación tenían a decenas de personas de rodillas pidiendo que no les pegaran más. ¿Cómo vamos a olvidar? Es imposible pase el tiempo que pase», comentó.

A Josu Murueta, un tornero de 31 años que falleció cerca de Ategorri el 29 de octubre de 1969 por un disparo en el abdomen, sí le reconocieron la condición de víctima del franquismo. Pero a Fernández, según su hija, «por estar en el balcón», no. Por ello lucha cuatro décadas después su familia, que espera que no sea tarde y pueda ver ese reconocimiento gubernamental.

Reivindicación unánime

El propio Ayuntamiento de Erandio se ha sumado a los agentes políticos, sociales y sindicales, así como a la familia, en esa exigencia de que Anton Fernández sea reconocido como víctima del franquismo en virtud de la Ley 52/2007, denominada de Memoria Histórica. Se le denegó, según la Comisión de Evaluación, porque el erandiotarra «no estaba participando en la manifestación vecinal».

Conchi Fernández incidió en que el tiempo no hace olvidar un hecho como el que azotó a su familia y sacudió a todo Erandio. Buena muestra de ello es que al acto de ayer acudieron varias decenas de personas. «Estaba muy unida a mi padre. El venía de trabajar, me contaba sus cosas,... No soy rencorosa pero quiero que se reconozca lo que aquí sucedió», añadió, apostillando que aguardan a las decisiones que pueda adoptar el Ejecutivo de Lakua o el español antes de acudir a los tribunales.

Arenaza es aún más directa: «Aquello fue un crimen y lo que luego ha pasado ha sido una injusticia. ¿Qué pasa, nosotros no somos víctimas del terrorismo? Aquí ha habido una organización que por practicar la violencia se la ha considerado terrorista, ¿no es también terrorista un Estado que la emplea como aquí sucedió? ¿Cómo lo llamamos?».

La viuda de Murueta rememoró las penurias que les hicieron pasar. En 1969, hasta trataron de que se hicieran cargo de los gastos de la intervención quirúrgica que le practicaron a su esposo, que falleció con el buzo puesto. «Unos repletos de ayudas, otros muertos de asco», enfatizó María Pilar Arenaza.