Anda el Gobierno de Patxi López afanado en la cuestión de las duplicidades entre los diferentes niveles institucionales de la CAV y en la demanda de mayores competencias fiscales para el Parlamento, con lo que ha optado por acompañar sus reivindicaciones con los resultados de una encuesta. Para ello, decidió coger de los sociómetros anuales sobre «políticas públicas» algunas preguntas, suprimir otras que le podían resultar incómodas como si la ciudadanía percibe que paga demasiados impuestos, aliñarlo todo con un punto sobre el modelo de estado, y presentarlo pomposamente como una encuesta sobre «Modelo de país». Un modelo que cabe en apenas once preguntas.

Al margen de la cuestión del uso de los instrumentos públicos para manejarlos simplemente al antojo del Gobierno, el problema del sondeo es que falla desde su base, desde la primera de las preguntas.

Se le plantea al encuestado si «sabría decirme cuál de las siguientes instituciones es la encargada de establecer las normas que regulan los impuestos directos (IRPF, impuesto de sociedades) en el País Vasco». Las respuestas son: «el Gobierno Central-Ministerio de Economía y Hacienda», 16%; «el Gobierno Vasco-Consejería de Economía y Hacienda», 24%; «las Diputaciones Forales-las Haciendas», 36%, «los Ayuntamientos», 2%; y «no sabe no contesta», 22%.

Si las 2.254 personas entrevistadas evidencian tal ignorancia sobre un punto básico de la distribución competencial del país, ¿cómo van a estar en condiciones de opinar con conocimiento de causa en materia de fiscalidad o de duplicidades, más allá de vagas sensaciones generales? Y, por tanto, ¿cuál puede ser la utilidad de una encuesta fundamentada en el desconocimiento sobre el objeto del estudio?

Pero el problema crece cuando lo que se observa es que el Gabinete de Prospecciones Sociológicas dependiente de Lehendakaritza no ha acertado a poner bien ninguna de las respuestas. Las instituciones que establecen las normas que regulan los impuestos son las Juntas Generales de cada uno de los territorios y no las Diputaciones, que son las encargadas de la recaudación, como se recoge en la segunda pregunta, que tampoco la mayoría responde correctamente.

Por lo tanto, viendo que nadie parece tener muy claro de qué se está hablando, ¿de qué nos sirve ahora saber que el 22% quiere que las JJGG regulen y las diputaciones recauden, que el 23% prefiere que el Parlamento regule y las diputaciones recaudes, y que otro 22% apuesta porque el Parlamento regule y el Gobierno de Lakua recaude? Si la mayoría de ellos no sabría responder correctamente cuál es el modelo actual.

Percepciones

El Gobierno ha preguntado también sobre las percepciones ciudadanas en torno al fraude fiscal, obteniendo la respuesta de que un 32% cree que hay mucho fraude y un 37% que bastante. Y, además, un 81% asegura que los impuestos no se cobran con «justicia». ¿De verdad hacía falta una encuesta para saber esto? Lo fundamental es si las percepciones sociales se ajustan a la realidad.

Como también entra en el terreno de las meras percepciones la respuesta de que el 43% de los encuestados considera que se dan duplicidades y solapamientos entre instituciones y un 29% cree que no. De nuevo la primera pregunta hace dudar de la calidad científica de esta respuesta. Y más aún de la que dice que el 28% sostiene que hay duplicidades entre el Gobierno de Lakua y las diputaciones; el 8%, entre Gobierno y ayuntamientos; el 18%, entre diputaciones y ayuntamientos; y el 38%, entre todas ellas.

Pero aquí hay otra duda de fondo. ¿Por qué no se pregunta si hay duplicidad o solapamiento entre el Gobierno español y cualquiera de las demás instituciones?

Por último el sondeo sirve para que el Gobierno de Lakua destaque que un 40% de los encuestados desea un Estado con autonomías como el actual, aunque en realidad el 55% prefiera superar este marco, el 23% pudiendo acceder a la independencia y el otro 22% apostando por un Estado federal con mayores niveles de autonomía que los actuales. Pero esto movía la foto del «modelo de país» que quiere Lakua.