TRAS LAS INUNDACIONES DE NOVIEMBRE
Los alcaldes navarros afectados por la riada denuncian abandono
La inacción del Gobierno de Nafarroa ante las inundaciones de noviembre ha provocado que los ayuntamientos recurran a denunciar públicamente su situación en busca de una respuesta. Cuatro meses después, se han enterado por la prensa de que la ayuda no bastará ni para cubrir la cuarta parte de los daños que dejó el agua. Un primer cálculo eleva la cifra de pérdidas por los estragos a más de 471.000 euros en nueve localidades, a falta de los datos de Lakuntza.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Los alcaldes de los municipios navarros que acabaron seriamente afectados por las riadas de noviembre pasado recurrieron ayer a una rueda de prensa a la desesperada por la falta de ayudas. Las lluvias torrenciales afectaron a localidades de Gipuzkoa y Lapurdi, pero también al noroeste de Nafarroa. «Es sencillo de entender. Si el agua causó estragos en Hernani y diez kilómetros más arriba está Goi- zueta, también en Goizueta hay destrozos», expuso el alcalde de Etxalar, Miguel Irigoien.
La actitud del Gobierno de Nafarroa tras las riadas fue diametralmente opuesta a la de la Diputación de Gipuzkoa o a la de Aquitania. «El tamaño de estos daños llevó a los gobiernos español y francés a declarar zona catastrófica aquellas regiones que así lo solicitaron, de manera que pudieran acceder a financiación estatal para hacerles frente», explicaron ayer en el comunicado conjunto que rubrican los ayuntamientos de Baztan, Leitza, Lesaka, Lakuntza, Goizueta, Igantzi, Etxalar, Uharte Arakil, Araitz y Areso. El texto, asimismo, viene respaldado por otras 22 localidades vecinas que se solidarizan con ellos. Pese a ello, Nafarroa se negó a tocar a la puerta del Estado para cofinanciar los destrozos del agua. Cuando los ayuntamientos reclamaron ayudas, se dieron cuenta de que en las arcas forales no había prevista una contingencia como aquella. Literalmente, en la partida reservada para este tipo de emergencias había diez euros para re- partir entre todos.
Ante la falta de iniciativa, los ayuntamientos elaboraron un peritaje de los daños gracias a sus técnicos de urbanismo y arquitectos, y sobre todo a los ingenieros de montes (ya que buena parte de los destrozos se ubican en pistas forestales). Según explicó Ur Algero, alcalde de Areso, la tardanza en comparecer públicamente para denunciar la situación se ha debido a que querían aunar todos los datos posibles y presentar una valoración conjunta. La tarea es complicada, y a falta de los datos de Lakuntza la factura de los daños se eleva a 471.267,5 euros. Y aún podría ser más alta. «En Baztan hemos tirado por lo bajo. Lo oportuno es enviar a ingenieros de montes para valorar los daños. Pero como no tenemos ninguna seguridad de que vayamos a cobrar, no los hemos contratado todavía», explicó el alcalde en funciones del valle.
Una ayuda insuficiente
Baztan es uno de los ayuntamientos más afectados. Y la tasación que han hecho allí «tirando por lo bajo» asciende a 150.000 euros. No obstante, ayer no quisieron entrar en el debate sobre cuál es el municipio más perjudicado, puesto que depende de las capacidades económicas de cada pueblo. De este modo, la cuantía de daños de Baztan es muy grande, pero porque también su terreno municipal es mayor que el resto.
Los electos, además de sentirse ignorados por el Gobierno de Yolanda Barcina, se han sentido ofendidos por la aparición en un medio afín a UPN de una noticia que les afecta. La semana pasada salió publicado que el Gobierno navarro ayudará con 88.782 euros a los municipios con daños. Por un lado, los alcaldes denuncian que esa cifra es insuficiente y que ellos tendrán que acarrear con el 82% del coste de los estragos del agua. Por otro, critican que ellos han llevado una comunicación con el Gobierno a través de los cauces oficiales y que el Ejecutivo no ha sido capaz de contestarles oficialmente y prefiere hacerlo a través de la prensa.
«Esta ayuda es un mero lavado de imagen, un gesto vacío para aparentar que se acuerdan de los navarros del norte», critican en su escrito. Asimismo, los municipios recuerdan que se reunieron «tanto con los técnicos del Gobierno que vinieron a evaluar la situación como con los diferentes departamentos» en busca de una solución. En concreto, aseguran haber hablado con Administración Local, Infraestructuras Ganaderas, Medio Ambiente y Agua. «Nadie asumió la responsabilidad de dar una respuesta a los daños y lo más común ha sido esquivar responsabilidades dejando todos los costes a cargo de las entidades municipales», explican.
«No pueden mirar a otro lado»
«No hubiésemos recurrido a la prensa si no nos quedara algo de esperanza», reconoció Algero. Todos estos pueblos consideran que lo que está ocurriendo es un agravio comparativo con otras zonas del herrialde y, por tanto, que la situación resulta insostenible. «Queremos dejar claro que los perjuicios que hemos sufrido son grandes y significativos para los recursos que tenemos las entidades afectadas y que la Administración no puede mirar hacia otro lado», expone el comunicado conjunto.
En concreto, una de las actitudes que más ha dolido a los vecinos de las nueve localidades es la negativa a abordar esta ayuda a través de los presupuestos. «Queremos recordar que en la votación de los Presupuestos se rechazó una enmienda que proponía habilitar una partida para estas ayudas», subrayan.
El desinterés del Gobierno de Nafarroa se hizo también palpable el 10 de enero cuando la presidenta, Yolanda Barcina, se negó a reunirse con ellos para «buscar vías para solucionar el asunto». Por estos motivos, sostienen que «no hay voluntad de apoyar realmente a los municipios afectados». Asimismo, denuncian que el baile de cifras de las ayudas (de diez euros a más de 88.000) resulta poco serio. «No hay dinero para emergencias porque así se ha decidido», denuncian.
En este sentido, los municipios avanzan que seguirán peleando por que el Gobierno se moje para paliar los efectos de las riadas. Tras su decisión de hacer a los medios partícipes de su situación, los electos volverán a personarse en el Gobierno navarro para «hacer llegar una vez más la documentación de que disponemos, para que no puedan afirmar que no se han dado cuenta de la gravedad de nuestra situación».
El alcalde de Baztan denuncia que, como no han contado con la seguridad de que se les vayan a abonar los daños, no han podido contratar una empresa que haga una valoración más pormenorizada. La cifra probablemente sea mayor.
La declaración de zona catastrófica hubiera permitido que Madrid enviara fondos para paliar los daños. Sin embargo, el Gobierno navarro declinó esta posibilidad y ahora es incapaz de mandar la ayuda necesaria a los afectados por las riadas.
Una de las actitudes que más ha dolido a los ayuntamientos es enterarse por un artículo de prensa de la cifra de ayudas que van a recibir. Sobre todo porque cuando han apelado directamente a la Diputación, jamás han obtenido una respuesta.
El fondo que Nafarroa había destinado para estas contingencias era de diez euros. Pese a ello, UPN y PSN se negaron a consignar una partida en los Presupuestos de 2012 con la que atajar los daños que provocaron las lluvias en la zona noroeste.
Las inundaciones de noviembre en Euskal Herria han sido una de las tragedias naturales que mayor eco mediático han tenido de los últimos tiempos. El agua cayó en un terreno fronterizo, golpeando a Nafarroa, Lapurdi y Gipuzkoa. La reacción que tuvieron las instituciones guipuzcoanas fue mirada con lupa para intentar criticarla. Se ha dicho poco, sin embargo, de la parte de responsabilidad que es imputable al Estado español y, más concretamente, a las confederaciones hidrográficas, puesto que son ellas -y no los ayuntamientos o las diputaciones- las que se encargan del cuidado de los ríos y sus cauces.
Se puede señalar también que Nafarroa ha sido la administración que más ha tardado en dar una respuesta a la crisis. La noticia de que se destinarán 88.782 euros a paliar los daños no fue conocida hasta la semana pasada. Esta tardanza ha afectado también a su capacidad para presionar a Madrid para que se declarase la zona catastrófica y que, por tanto, asumiera su papel en estas situaciones. Un papel que también le compete en tanto que responsable de las confederaciones hidrográficas.
Según denunciaron ayer los alcaldes, esta ayuda, además de quedarse corta, resulta discrecional e ineficiente. Por ejemplo, las pocas acciones que se han acometido han tenido lugar en zonas con cierta densidad de población. Hay caseríos que, aun estando habitados, ven cómo sus accesos siguen sin ser reparados. Tal y como se han planteado estas ayudas, nunca van a servir para recuperar al completo las infraestructuras, ya que a lo sumo costearán el 70% de las reparaciones.
En consecuencia, la recuperación de la riqueza perdida va a ser costosa en el tiempo y, sobre todo, irregular. Al no tener un fondo conjunto, los pueblos están atajando los daños en la medida de sus posibilidades. Los consistorios que tienen algo de dinero van trabajando por su cuenta en las labores de mejora. Los pueblos ahogados económicamente están obligados a aplazar las intervenciones.
De todo ello va a quedar constancia. Los ayuntamientos cuentan con extensos informes elaborados por peritos con documentación escrita y gráfica del estado de sus infraestrurcturas. La afección de las carreteras y las pistas forestales es una de las más graves, dado que buena parte de la economía de estas localidades depende de la explotación de los montes. Asimismo, hay una circunstancia más que agrava la situación de estos municipios en comparación, por ejemplo, con Gipuzkoa, que es la densidad de población. El problema es simple: hay más kilómetros de carreteras y pistas a pagar entre menos gente. A.I.
Se han solidarizado con los afectados: Bera, Basaburua, Betelu, Arantza, Larraun, Etxarri-Aranatz, Iturmendi, Arbizu, Altsasu, Urdiain, Bakaiku, Olazti, Ergoiena, Arruazu, Irañeta, Ihabar, Uharte Arakil, Lekunberri, Arakil, Irurtzun e Imotz.
