Un total de 36 consejeros de BBK presentaron ayer una solicitud a Mario Fernández, presidente de BBK, para que se incluya un punto en el orden del día de la asamblea general, que se celebrará el próximo 23 de marzo, en relación a los criterios a mantener en los procesos de ejecución hipotecaria.

Entre los firmantes se encuentran miembros del PSE, de la izquierda abertzale, de CCOO y de Ezker Batua. Estos confirmaron que el artículo 32 de los Estatutos de BBK demanda que para debatir un punto en la asamblea general «se debe presentar la solicitud avalada por 25 consejeros con 5 días de antelación a su celebración».

En la misiva reclaman actuaciones concretas frente a clientes «en riesgo de pérdida de la vivienda habitual debido a una situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria a consecuencia de circunstancias económico-laborales adversas».

Las hipotecas no excederán de 360.000 euros. Los 36 firmantes explican que en esos casos se deberá producir «una paralización inmediata a instancia de la entidad de las ejecuciones hipotecarias en curso» y «la asunción del compromiso de no iniciar nuevos procedimientos hasta la puesta en marcha del servicio de mediación del Gobierno vasco».

También establecen que se deberá ofrecer un periodo de carencia de 5 años como mínimo y «que se establezca una negociación con las personas afectadas para la búsqueda de soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad actual de pago, incluyendo medidas como la prolongación del plazo de amortización, la ampliación o concesión de nuevos plazos de carencia y/o la reducción del tipo de interés, que hagan viable el retorno del crédito y eviten la pérdida de la vivienda o, en caso contrario, posibiliten la resolución no gravosa del préstamo».

Exigen «la minimización para las personas afectadas de los gastos derivados de la constitución de un nuevo préstamo ante el supuesto de que la liquidación ordenada de la deuda pase por una renegociación del préstamo hipotecario».

También piden la posibilidad de que se establezca «la dación en pago tanto en contratos de los préstamos hipotecarios que se constituyan a futuro como en los procesos de negociación anteriores».

En todo caso, advierten que los afectados de los desahucios «puedan seguir disfrutando la vivienda bajo régimen de alquiler a unas condiciones acordes con su capacidad adquisitiva, nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar».