El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudiará una resolución que pide a Sri Lanka que acelere sus esfuerzos de reconciliación nacional y persiga a los presuntos autores de violaciones graves durante el conflicto contra los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).

Esta resolución, que se votará el a más tardar el jueves por la mañana, es la continuación de un informe publicado en 2011 por investigadores de la ONU acusando al Gobierno de Sri Lanka de causar «decenas de miles de muertos» durante la ofensiva final de las tropas gubernamentales en el conflicto armado que finalizó en 2009.

Presentada por EEUU con el apoyo de la Unión Europea, la resolución, titulada «Promover la reconciliación y el establecimiento de la responsabilidad en Sri Lanka», fue denunciada enérgicamente por Colombo.

La resolución reúne «recomendaciones constructivas» que figuran en el informe, en particular en lo que respecta a la necesidad de llevar a cabo investigaciones en numerosas alegaciones creíbles de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas y «la desmilitarización del norte de Sri Lanka».

Sin embargo, señaló «que el informe no trata adecuadamente las denuncias de violaciones graves del derecho internacional» y pidió a Colombo que presente «lo más pronto posible un plan de acción global» para ello.

Para lograr esto, el Gobierno puede contar con el apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, según la resolución, deberá presentar un informe sobre esta asistencia en la 22ª reunión del Consejo.

India cambia de postura

El primer ministro indio, Manmohan Singh, manifestó el lunes la disposición de su Gobierno a apoyar la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para impulsar una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ceilandés, lo que supondría un cambio drástico en la política de Nueva Delhi.

Este cambio de postura podría hacer que Singh consiga mayores apoyos internos, especialmente de la comunidad tamil del sur del país y mantener intacta la coalición que sostiene el Gobierno con el partido tamil Dravida Munnetra Kazhagam, pero también supone un riesgo para las relaciones entre India y Sri Lanka.

La ONU estima que al menos 7.000 civiles tamiles murieron durante los últimos meses del conflicto, mientras que las asociaciones de defensa de los derechos humanos sugieren una cifra de 40.000 muertos.