El racismo se está convirtiendo en algo cada vez más práctico para el control de la élite dominante. Esta idea tomada del libro de Howard Zinn «La Otra historia de los EEUU» es importante para entender el mecanismo de poder actual. A nivel estatal, la Ley de Extranjería y sus posteriores reformas, junto con toda la normativa desarrollada a nivel autonómico en torno a las prestaciones sociales, y especialmente la ley aprobada por el Parlamento Vasco el 24 de noviembre sobre el endurecimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, son claros exponentes de discriminación estructural. Este marco legal deja a la población migrante a merced de cualquier tipo de explotación. Sin derechos con los que defenderse, se está produciendo una acelerada pauperización del colectivo de personas extranjeras.

Según el discurso dominante, en época de crisis la población migrante sobra, es una amenaza para el estado del bienestar, para la seguridad colectiva y para la democracia y los valores occidentales. De esta manera, se criminaliza a las personas extranjeras y se las persigue en una carrera sin sentido en la lucha contra un fraude que ni siquiera está cuantificado, al mismo tiempo que se hace oídos sordos al fraude fiscal que actualmente está cuantificado en 10.000 millones de euros. Todo esto tiene un objetivo claro. Lo que pretenden es dividir a la clase trabajadora y desviar la atención de las verdaderas razones de la actual crisis económica. La conciencia de clase es la herramienta más potente que tenemos, es por ello que se intenta que la población migrante no sea considerada parte de ella, sino que sea vista como un otro que se dedica a robar y defraudar. Desde aquí se da pábulo al racismo social: a todos los prejuicios y creencias que existen sobre este colectivo, que no se sustentan en datos analizados con profundidad y seriedad, sino en datos sesgados y en creencias no validadas sobre las personas extranjeras.

El resultado de todo ello es que la población migrante es cada vez más vulnerable. Los prejuicios hacen que el rechazo hacia este colectivo sea cada vez mayor y llevan a situaciones cotidianas, como que no se les permita acceder a un bar, e incluso a situaciones muy graves, como que no puedan alquilar un piso en una inmobiliaria o acceder al mercado laboral. Asimismo, y en pro de nuestra seguridad, el sistema tiene carta blanca para aplicar medidas coercitivas hacia este colectivo: identificaciones masivas, expulsiones, internamiento en CIEs... se convierten así en el pan nuestro de cada día. 

Que no nos confundan, el responsable de esta crisis es el sistema neoliberal rampante, que ha generado y seguirá generando miseria, desigualdad e injusticia social. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la huelga general del día 29 de marzo por los derechos laborales y sociales, todas juntas, tanto migrantes como autóctonas, todas formamos la clase trabajadora y nos merecemos tener y defender los mismos derechos.