El Gobierno británico anunció ayer una reducción, a partir de abril de 2013, del 50% al 45% del impuesto sobre la renta para los ciudadanos con ingresos superiores a las 150.000 libras (179.000 euros) anuales y una rebaja del 26% al 24% -al 22% para 2014- del impuesto de sociedades, que grava los beneficios empresariales, con el fin de «atraer la inversión extranjera». Para acallar las críticas de laboristas y sindicatos, el Ejecutivo elevará a 9.205 libras (10.953 euros) el umbral a partir del cual habrá que empezar a pagar impuestos, una concesión fiscal con la que se pretende compensar a las clases menos pudientes que difícilmente pueden hacer frente al día a día en Gran Bretaña.

El ministro de Economía, George Osborne, dio a conocer estos cambios en la política fiscal al presentar ante el Parlamento el presupuesto del Estado para el ejercicio 2012-2013, con ventajas fiscales para empresas y rentas altas para «mejorar la competitividad y fomentar el crecimiento».

El titular de Economía prometió que esta rebaja se verá más que compensada por otras medidas contra la evasión fiscal y con la subida, como concesión a los liberales demócratas de Nick Clegg, del impuesto sobre la compra de viviendas de lujo (más de 2,38 millones de euros) hasta el 15% en caso de que las adquieran las empresas y al 7% para las compradas por individuos, tratando de salir así al paso de las críticas de que los ricos se librarán de las medidas de austeridad cuando al resto de la población se le pide que se apriete el cinturón.

La tasa máxima de imposición sobre los ingresos fue incrementada del 40% al 50% por los laboristas poco antes de su derrota en las elecciones de 2010. Se refería a los ingresos anuales superiores a las 150.000 libras, lo que afectaba unas 300.000 personas.

Su reducción, anunciada con anterioridad a los medios, fue duramente criticada por el Partido Laborista y los sindicatos. El líder laborista, Ed Miliband, denunció una decisión «vergonzosa» y un presupuesto «injusto, diseñado para ayudar a los millonarios» en detrimento de medidas que impulsen el crecimiento y en el que lo que se concede a la clase media y a los más desfavorecidos queda descompensado con las grandes ventajas concedidas a los más privilegiados.

Osborne calificó el proyecto de «fiscalmente neutro» y «justo», aunque reconoció que «apoya sin rubor a la empresa» así como «a las familias que trabajan duro».