Uno de los ejemplos más esclarecedores sobre cómo se aplican los castigos penales despreciando y extendiendo la acción de la maquinaria punitiva al contexto social y familiar de los reos es un hecho que a simple vista pudiera parecer anecdótico y sin importancia, pero que en la práctica indica cuáles son las verdaderas intenciones y las funciones reales de la industria carcelaria. Nos referimos al hecho de que las prisiones, desde que pueden ser mostradas al espectador por televisión, y no es necesario que se visualicen ubicándose dentro de las ciudades, se construyen fuera de las mismas, y curiosamente carecen, en muchos casos, de transporte público para hacer posible las visitas y comunicaciones a las que tanto la persona encarcelada como sus familiares y amigos tienen derecho.

Aunque no son los únicos ejemplos de prisiones aisladas con la que cuenta el sistema penitenciario español, las cárceles ubicadas en Iruña de Oca (Nanclares y Zabaia) son un claro ejemplo de esta política. Siendo en la actualidad las que albergan al mayor número de personas presas cumpliendo condenas carecen de transporte público desde Vitoria-Gasteiz, que es la ciudad más cercana. Son prisiones con difícil accesibilidad, sobre todo en invierno, con nieve y, en el caso de Zabaia, debido a la alta pendiente de las carreteras de acceso, con serias dificultades y riesgos. No existe ninguna manera para subir a esta macrocárcel mediante transporte público para las visitas de las familias, o para las personas presas que salen de permisos o en libertad.

Al no haber servicio de autobuses ni ningún tipo de transporte público, quien no tenga vehículo privado la única posibilidad con la que cuenta es pagar un taxi. Ida y vuelta supone como mínimo 50 euros. Y esto hace que muchos familiares no puedan permitirse el lujo de ir a visitarles allí o tengan que hacer un esfuerzo económico muy grande cuando, en la mayoría de los casos, son familias empobrecidas, con escasos recursos para vivir.

No podemos obviar que el hecho de que las familias con menos medios no puedan visitar a sus familiares o que tengan que reducir la frecuencia de visitas hace que la prisión, también con este aislamiento, favorezca el desarraigo y limite la comunicación con la sociedad y la familia, que no es sino un plus de penosidad innecesaria y que denota la actitud de ensañamiento y menosprecio con la que se trata a las personas presas y sus familiares. Además de ser, desde la microfísica con la que se ejerce el poder, una práctica clasista y discriminatoria por parte del estado.

Y si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las personas presas son seleccionadas por la industria policial y penal de entre los sectores más desfavorecidos, la inexistencia de transporte público y el tener que recurrir al privado no hace sino agudizar la precariedad económica y supone un sufrimiento añadido. Cárceles aisladas para aislar a las personas presas, este es el resultado de la política criminal de la hipocresía que dice pretender insertar creando macroinfraestruturas carcelarias hechas para excluir, despreciar y enriquecerse con el dinero público nutriéndose de la miseria ajena.