La muerte de diez personas en el pueblo de Pajares de Adaja, en la provincia de Ávila, en 1936 y la del fotógrafo y teniente de alcalde de O Barco de Valdeorras Manuel Blanco Pascual en 1940 se sumarán en breve a la querella interpuesta en Argentina el 14 de abril de 2010. La presentación de estas dos querellas está prevista para esta misma semana o, a más tardar, la próxima, según indica a GARA el abogado argentino Maximo Castex, parte del equipo de abogados que está tramitando las querellas.

En la madrugada del 20 de agosto de 1936, un grupo de falangistas entró en Pajares de Adaja, que en aquella época tenía 600 habitantes. Secuestraron a nueve personas que aparecían en una lista. Su rastro se perdió tan pronto como las subieron a una camioneta rumbo a una muerte segura. Un mes antes, el 24 de julio, habían detenido a Angel Maroto Sáez, que hasta el 18 de julio había sido alcalde de la localidad. Fue fusilado el 14 de setiembre. Parte de los restos de estas víctimas fueron recuperados en 2003.

«Supe por mis abuelos y tíos que lo sacaron de la cama donde dormía con mi madre, se lo llevaron a una camioneta que esperaba en la plaza, guiada por un comando falangista y no volvió nunca más, siendo asesinado a unos 25 kilómetros en una cuneta del término municipal de Aldeaseca. Mi madre nos tomó en sus brazos a mi hermano de cuatro años y a mí, y corrió despavorida a casa de sus padres, mis abuelos, y nunca más volvió a su casa», relata en la querella Pedro Fausto Canales, cuyo padre, Valerico Fausto, formó parte de ese grupo de nueve personas. «Este acto criminal no fue ni un acto de guerra ni tampoco un hecho aislado. Se inserta en un proceso sistemático, concienzudamente preparado y fríamente ejecutado de aniquilamiento de toda persona que, en cualquier lugar, se hubiese significado en la defensa de la legalidad vigente. La historia de estas diez personas de Pajares de Adaja es, por tanto, uno más de los muchos, muchísimos ejemplos de la estrategia de terror trazada por los dirigentes del bando franquista», remarca el texto de la querella.

Manuel Blanco Pascual, fotógrafo de profesión, miembro del Partido Comunista y teniente de alcalde de O Barco de Valdeorras, consiguió escapar tras la entrada de las tropas franquistas a finales de julio de 1936. El alcalde, Abdón Blanco García, no corrió la misma suerte. Sometido a un consejo de guerra, fue fusilado en Ourense.

Blanco Pascual huyó a la comarca leonesa de La Cabrera y, posteriormente, a Asturias, donde estuvo hasta octubre de 1937. Con la caída de Asturias, se refugió nuevamente en La Cabrera, integrándose en el grupo de maquis dirigido por Manuel Girón Bazán. Una denuncia propició que el 6 de julio de 1940, un fuerte contingente de falangistas y tropas franquistas rodearan la vivienda donde se escondía junto a otras tres personas. Sus restos fueron hallados en julio de 2009 en una fosa común en Sigüeya gracias al testimonio de un pastor que en 1940 presenció su detención y torturas.

Junto a estos dos casos, a mediados de abril, miembros de la recién creada asociación La Comuna, integrada por expresos y represaliados del franquismo, viajarán a Buenos Aires para presentar 80 nuevos casos en los que se recogen testimonios de torturas, sentencias del Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias... que «dan cuenta de la magnitud de aquella ignominia». Entre esos casos figura la condena a diez años de prisión a un trabajador de la construcción por decir en público «me cago en Franco» o los fusilamientos de Humberto Baena y Salvador Puig Antich. La asociación, que exige la derogación de la Ley de Amnistía, ha elaborado, además, una lista con nombres de torturadores que «torturaban cuándo, cómo y dónde querían. Algunos, incluso, no tenían problemas en decirte su nombre, seguros de la impunidad que les rodeaba», señalan desde La Comuna.

El juicio al exjuez de la Audiencia Nacional española Baltsar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo ha propiciado en cierta manera este aumento significativo de las denuncias. «Las víctimas ven en Argentina la única manera de investigar estos delitos, porque, tras el proceso abierto a Garzón, ha quedado claro que España no tiene intención de investigarlos», subraya Castex.

Hasta el momento, añade, el Estado español no ha respondido a la petición de información de la magistrada Servini de Cubría, que, entre otras cuestiones, pidió datos precisos sobre el número de fosas, de desaparecidos, de torturados, de empresas que utilizaron a presos políticos y de niños apropiados.