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El Supremo se toma su tiempo para decidir sobre el «caso Bateragune»

El Tribunal Supremo ya tiene en su mano todos los argumentos para dictar sentencia firme sobre el encarcelamiento de Arnaldo Otegi y sus compañeros, después de que el miércoles se desarrollara la vista pública sobre el recurso presentado por las defensas. Finalizada la sesión, los cinco jueces iniciaron sus deliberaciones en la que constataron la existencia de diferencias, por lo que decidieron darse un tiempo para acercar posiciones y evitar discrepancias.

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R.S. | DONOSTIA

La posibilidad de que el Tribunal Supremo dictara sentencia el mismo miércoles sobre el «caso Bateragune» pareció cobrar fuerza cuando los cinco magistrados se reunieron nada más concluir la vista del recurso, celebrada esa mañana. Pero tras casi dos horas de deliberación inicial interrumpieron el proceso y aparentemente se han dado un tiempo para reflexionar cada uno por su cuenta.

No consta que ayer continuara la deliberación. Y este parón lleva a pensar que existen diferentes posiciones en el seno de esta sala, que tiene una mayoría enclavada claramente en lo que se denominada como «sector conservadora» dentro de la Judicatura española.

Lo habitual en estos casos es que los magistrados hagan un esfuerzo de síntesis para evitar votos particulares discrepantes, especialmente graves en temas del impacto público que tiene este caso, por el que permanecen en prisión Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto.

La sala está presidida por Juan Saavedra y compuesta también por José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Alberto Jorge Barreiro.

«Visión estática»

En la vista celebrada el miércoles, tanto Jone Goirizelaia como Iñigo Iruin reivindicaron la absolución de los militantes independentistas remarcando el sinsentido de la causa.

Iñigo Iruin, en concreto, incidió en que «no cabe una visión estática de la izquierda abertzale», ya que toda la acusación se basa en sostener que los cinco actuaron a las órdenes de ETA pese a que mirándolo con proyección resulta evidente que su labor política llevó al nuevo escenario marcado por el final de la lucha armada después de un giro estratégico radical.

El letrado vasco defendió que las actuaciones realizadas en la primera mitad de 2009 por los acusados -como sus reuniones en la sede de LAB- no pueden entenderse en ningún caso si no se analizan los efectos que han tenido posteriormente.

También respondió a otros argumentos de la acusación, como la alusión a la falta de condena de las acciones de ETA. Iñigo Iruin recordó que si eso no ha sido suficiente para ilegalizar a una formación como Bildu, tampoco puede serlo para condenar a personas concretas en una causa penal.

Por su parte, Goirizelaia reclamó la repetición del juicio por la falta de imparcialidad de la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que presidió el tribunal que condenó a Otegi. Recordó que ya antes se le anuló una condena por este motivo y que Murillo volvió a demostrar su talante en un juicio más reciente al referirse a militantes de ETA juzgados en la Audiencia Nacional como «cabrones».

Junto a ello, mantuvieron que es abiertamente contradictorio considerarles dirigentes de ETA y afirmar al mismo tiempo que seguían sus órdenes, y que también resulta paradójico que se les condene pese a haber quedado demostrado en la misma sentencia que no eran los componentes del órgano denominado Bateragune.

«Ya vimos otras treguas»

Frente a ello, la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la asociación Voces contra el Terrorismo (VCT), pidieron al Supremo que mantenga la condena a Zabaleta, Rodríguez, Jacinto, Otegi y Díez, por considerar suficientemente probado que actuaban subordinados a ETA.

En nombre de VCT, el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura afirmó, en respuesta a los argumentos de la defensa, que «ya hemos visto lo que ha pasado con otras treguas». Quiso obviar así que el pasado 20 de octubre ETA decretó el cese definitivo de su actividad armada. Un mes antes, la Audiencia Nacional había condenado a los acusados en este proceso remarcando precisamente sus dudas sobre el alcance de lo que en ese momento sí era una tregua.

A la vista pública del miércoles asistieron varias víctimas de ETA. También concurrió el exconcejal de Laudio Santiago Abascal y el presidente de VCT, Francisco José Alcaraz.

Separado de ellos se registró la presencia del diputado Jon Iñarritu, de Amaiur, coalición que ha exigido la liberación de los cinco.

Elgoibar y Bilbo

En Euskal Herria se suceden las muestras de denuncia del caso, a todos los niveles, sobre todo municipal. Como detalle, en Elgoibar unas 300 personas se concentraron el miércoles contra la sentencia de la Audiencia Nacional, y en el Consistorio se colgó un cartel en apoyo a los acusados.

Por la mañana, la izquierda abertzale, EA, Alternatiba, Aralar y LAB, entre otros, llevaron su denuncia ante la Audiencia de Bilbo, donde se concentraron. Desde allí, la portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu reclamó al Estado que «salga de la trinchera del bloqueo». Además, recogiendo el titular adelantado por GARA, afirmó que Arnaldo Otegi sería «un candidato muy apropiado» a lehendakari.

EB-Berdeak

EB-Berdeak se suma a la denuncia de este caso. Para su portavoz, Alba Gutiérrez, «juzgan casos como este en clave absolutamente política y, lo que es peor, en clave de pequeña política española, torpedeando el proceso de paz real que se vive en Euskadi y ajenos a la realidad que vivimos».

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